El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, defendió con firmeza este jueves en la Junta General de Accionistas el modelo de gestión integrada y centralizada de la red aeroportuaria española, rechazando de plano cualquier fórmula de cesión, transferencia o cogestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas.

Lucena subrayó que las demandas de participación en la gestión procedentes de diversas autonomías (Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia o Navarra) son incompatibles con el marco constitucional y legal vigente.

«El derecho de propiedad está consagrado nítidamente en la Constitución española, al igual que la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés general y la libertad de empresa», afirmó.

El directivo, que ha sido reelegido hoy como presidente de Aena, ha recordado que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa.

El presidente recordó que el 49% del capital de Aena –y, por tanto, de sus infraestructuras y del know-how de sus profesionales– pertenece a accionistas privados, cuyo valor asciende a unos 20.000 millones de euros según la capitalización bursátil (que ronda los 40.000 millones).

«Los aeropuertos de Aena funcionan muy bien y son propiedad exclusiva de Aena. Cualquier cesión o participación en la gestión que vulnere estos principios sería incompatible con la Ley 18/2014 y con el deber fiduciario de los administradores», añadió.

Lucena insistió en que la gestión de los aeropuertos corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno de la sociedad mercantil Aena (Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y equipo directivo), en defensa del interés societario y no según decisiones de actores externos.

«La libertad de empresa no hay que entenderla en un sentido festivo, sino como el derecho inalienable de las empresas a gestionarse como mejor les parezca a sus accionistas», enfatizó.

Según explicó ante los accionistas de la compañía, la Ley de Sociedades de Capital protege los intereses de los accionistas minoritarios de todas las empresas. Legalmente, ha añadido, «el Estado no podría imponer nunca en Aena el rodillo del 51% para aprobar decisiones que perjudiquen el interés de la compañía y dañen a los accionistas como la transferencia de aeropuertos o la gestión a terceros».

Lucena ha advertido de que inversores privados de Aena, entre los que se encuentran algunos de los fondos de inversión, soberanos y ‘hedge funds’ más potentes del mundo, han hecho saber al consejo de la compañía que «harían valer sus derechos legales si hubiera cualquier duda sobre los riesgos, lo que provocaría reverberaciones económicas muy negativas que desbordarían el perímetro de la compañía».

COLABORACIÓN SI, CESIÓN NO

El directivo valoró positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena. «Colaboración sí, cesión no», resumió.

En este sentido, se refirió al reciente acuerdo con el País Vasco para crear un órgano bilateral de carácter estrictamente consultivo y no vinculante, que no modifica el régimen legal ni la autonomía de Aena.

Lucena transmitió un mensaje de tranquilidad a los accionistas: el marco normativo (Ley 18/2014 y preceptos constitucionales sobre competencia estatal exclusiva, derecho de propiedad y libertad de empresa) protege el sistema aeroportuario español, «admirado internacionalmente por su eficiencia y solidaridad interna».

«El deber fiduciario de los administradores es claro y su incumplimiento podría acarrear consecuencias graves. Actuamos con diligencia y lealtad a la compañía y a sus accionistas», concluyó Lucena, agradeciendo al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al secretario de Estado, José Antonio Santano, su defensa pública del modelo actual.

La posición de Aena choca con las peticiones de varios gobiernos autonómicos de fórmulas de cogobernanza o transferencia de aeropuertos para impulsar la conectividad y el desarrollo territorial. Lucena reiteró que, aunque los argumentos esgrimidos son legítimos, «cualquier cambio que suponga ejercicio de competencias autonómicas en aeropuertos de interés general, cesión de activos o interferencia en la gestión sería jurídicamente inviable».

Esta defensa del modelo de red integrada se produce en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico (321,6 millones de pasajeros en España en 2025) y ante la inminente aprobación del DORA III, que contempla un ambicioso plan de inversiones.

La Junta reafirmó así la continuidad del actual sistema de propiedad y gestión, que Lucena considera clave para mantener la eficiencia operativa y la rentabilidad de Aena.