Las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica pueden solicitar desde este miércoles 15 de abril una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Estas son las cinco modalidades de reparación que se pueden seleccionar en el formulario de ‘Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica’, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ya está disponible a través del portal web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En la solicitud, se pide a las víctimas que indiquen la institución donde sucedieron los hechos, el nombre del presunto victimario y el periodo aproximado en el que tuvieron lugar los abusos.

Además, pueden añadir una breve descripción de los hechos que, en todo caso, deberán ampliar, posteriormente durante la fase de valoración del Defensor del Pueblo y la entrevista personal. También se pregunta a los solicitantes si han recibido antes alguna reparación por parte de alguna institución de la Iglesia católica.

La solicitud puede ser presentada por la propia persona que sufrió los abusos o por la persona que lo represente, debidamente acreditada (causahabiente).

Precisamente, este miércoles, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros por el que se modifica la estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para crear la oficina que se encargará de tramitar las solicitudes de reparación.

En concreto, se crea la Oficina de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica que también tendrá entre sus funciones «la comunicación con el resto de las partes, la notificación de las propuestas, el recabado de los informes necesarios, así como el apoyo y orientación necesarios para la presentación de dichas solicitudes».

Según señala el real decreto, consultado por Europa Press, la norma proyectada atiende a la necesidad de «modificar puntualmente» la estructura orgánica básica del Ministerio «sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía» y es «adecuada al principio de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas».

Se crea esta oficina en cumplimiento del protocolo firmado el pasado 30 de marzo por el Ejecutivo, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo para poner en marcha un sistema mixto de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, en los casos que no pueden tener recorrido judicial bien porque ha prescrito o porque ha fallecido el presunto agresor.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán acudir al nuevo modelo», en el que la Iglesia asumirá las reparaciones y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

«Creo que hacemos justicia y ahora es muy positivo que todas las víctimas de estos abusos conozcan cuál es el procedimiento», señaló.

Además, se mostró convencido de que «la Iglesia va a pagar, primero porque tiene voluntad de pagar» y «segundo», porque han «llegado a un acuerdo» y puntualizó que si las diócesis o las congregaciones religiosas no tuvieran fondos para abonar las cantidades acordadas, «son responsables en última instancia la Conferencia Episcopal y también la Conferencia de Religiosos». «Por tanto, creo que hay una suficiente red de garantías», insistió.

La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), «con todas las garantías de seguridad y privacidad», según ha informado el Ministerio. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por «especialistas y profesionales independientes», que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

Este mecanismo de reparación es fruto del acuerdo que firmaron el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero, y podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, bien porque ha prescrito, bien porque el agresor ha fallecido, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica, a través de su Plan PRIVA. Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable a otro, para presentar sus solicitudes.