La Consellería de Política Social e Igualdade ha recurrido por vía administrativa 15 resoluciones de traslado de menores migrantes que, según fuentes autonómicas consultadas, «se oponen expresamente a ser reubicados en Galicia». En este sentido, la Xunta ha solicitado que «se respete la voluntad del menor y no se le fuerce al traslado», según ha adelantado ‘La Voz de Galicia’.

El departamento suma estas solicitudes a 11 menores migrantes que ya han sido recibidos en Galicia y que «se oponían a ser reubicados en la comunidad porque querían permanecer en Canarias». «Pese a su rechazo al mismo, y pese a la oposición de la Xunta –que presentó el correspondiente recursos administrativo, la Delegación [del Gobierno] decidió continuar con el procedimiento y forzar su traslado», aseguran las mismas fuentes.

Con todo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha rechazado estas afirmaciones, «que no se corresponden con la realidad». En base a la Delegación del Gobierno, el proceso de acogida y traslado de menores migrantes no acompañados «se realiza siempre con todas las garantías jurídicas y bajo el principio de interés superior del menor».

Este cruce de acusaciones se ha producido en la misma semana en la que la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, incluida Galicia, han plantado la Conferencia Sectorial de Infancia, bajo la presidencia de la ministra, Sira Rego, para evaluar la continuidad del modelo de acogida.

En este sentido, la Xunta ha lamentado que el Gobierno «haya forzado, y pretenda seguir haciéndolo, a menores de edad a ser trasladados a Galicia en contra de su voluntad», siempre según la Consellería, que incluso asegura que se les ha «negado» la posibilidad de poder residir cerca de familiares que ya viven en España.

«Esto es consecuencia de que el Gobierno de España asigna siempre un destino al menor antes de escuchar sus preferencias y de comprobar su historia familiar, algo a lo que la Xunta de Galicia siempre se ha mostrado radicalmente en contra», censuran.

EL GOBIERNO DEFIENDE EL TRASLADO

Por su parte, la Delegación del Gobierno defiende que las «garantías jurídicas» y el principio de «interés superior del menor» priman en todo el proceso de traslado. Destacan el «papel esencial» que juega la Fiscalía, que evalúa cada situación individualmente y determina el destino «más adecuado» para cada menor, «teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares».

«El objetivo del Gobierno es garantizar una acogida digna, ordenada y respetuosa con los derechos de los menores, desde la colaboración institucional y la responsabilidad compartida entre territorios», asegura.

En este sentido, ha lamentado el «boicot» de la Xunta y otras comunidades del PP a la Conferencia Sectorial, que, a su modo de ver, es «un espacio clave precisamente para coordinar respuestas y reforzar esa cooperación necesaria».