El Pleno del Congreso debatirá el 14 de abril, coincidiendo con el 95 aniversario de la proclamación de la II República, sendas iniciativas en las que se insta al Gobierno a reconocer a las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer y a condenar el conocido como ‘bibliocausto’, la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por ser considerados subversivos por los sublevados.

En su proposición no de ley, recogida por Europa Press, squerra demanda que se reforme la Ley de Memoria para reconocer en el ámbito jurídico y administrativo como víctimas de la represión a las mujeres que fueron internadas en centros dependientes del Patronato entre 1941 y 1985 de manera que puedan ser indemnizadas.

Asimismo, solicitan que se difunda la represión que se ejerció desde esta institución dependiente del Ministerio de Justicia pero gestionada por órdenes religiosas, que en un año se elabore un inventario de toda la documentación relativa al Patronato conservada en organismos públicos y que se cree un grupo de trabajo con expertos para analizar toda esa información y hacer recomendaciones sobre cómo avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en las políticas de verdad, justicia y reparación.

Y en la misma sesión, el PSOE defenderá otra proposición no de ley para que se investigue el ‘bibliocausto’, se enseñe en las escuelas y se reconozca el compromiso con la cultura de las personas responsables de librerías, bibliotecas y editoriales que fueron represaliadas.

Los socialistas recuerdan que, tras el golpe de Estado de 1936 y hasta el fin de la Guerra Civil, se produjeron quemas públicas de libros como las que habían tenido lugar tres años antes en Alemania alentadas por los nazis.

Según explican en su iniciativa, recogida por Europa Press, desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas, y muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados.

PRIMERA GRAN QUEMA, EN A CORUÑA

Con el objetivo de «limpiar y purificar el país de las ideas subversivas», además de eliminar y recluir a quienes las publicaban o profesaban, la Falange y el ejército franquista, no solo protagonizaron acciones de quemas de libros, sino que alentaron a sus seguidores a que las hicieran, como queda plasmado en los periódicos franquistas.

La primera gran quema pública documentada se produjo en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Ouiroga. Además, se asaltó la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, fue fusilado.

A medida que avanzaba la guerra, se fueron dictando decretos y bandos que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. Así pasó en Sevilla, donde Queipo de Llano dio 48 horas a la población para que entregase sus libros y habilitó a falangistas para recorrer librerías y editoriales para requisar todo el material considerado «pornográfico, marxista, ácrata y disolvente».

También hubo hogueras en localidades pequeñas donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales, de Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales, mientras que la primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 y luego la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se produjeron en 1939, tras la caída de Madrid, donde con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) convocó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, quemaron distintos ejemplares.

MAESTRAS Y PEDAGOGAS

Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lecturas y, los libros que no eran destruidos permanecerían guardados en espacios restringidos denominados «infiernos», que no fueron abiertos hasta 1975.

Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con la vida su compromiso con la cultura, el PSOE menciona a Miguel d’lom de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra de Zaragoza Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele.

Los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner; o con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.