La Xunta ha concedido luz verde ambiental al proyecto de baterías de almacenamiento de energía en el municipio coruñés de Cerceda, en el entorno de Meirama donde se situaba la antigua central térmica.

En un comunicado, el Gobierno gallego informa este jueves de este informe de impacto ambiental (IIA) de la Consellería de Medio Ambiente que todavía no se puede consultar, ya que se indica que «se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia». Asegura que «no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados».

La iniciativa, promovida por Gobela GE, se desarrollará en una parcela de algo más de 6.600 metros cuadrados de superficie, de los que aproximadamente 1.800 metros cuadrados estarán ocupados por la instalación de almacenamiento de energía. El promotor pretende mejorar la gestión de un sistema eléctrico con creciente proporción de energía generada con fuentes renovables con la instalación de este sistema de almacenamiento y la infraestructura de evacuación asociada.

El proyecto se refiere a la construcción de un sistema BESS (solución de almacenamiento de energía en baterías, por sus siglas en inglés) integrado principalmente por un conjunto de baterías de 4 megavatios (MW) de potencia total y 16,2 MW/hora de capacidad de almacenamiento.

La infraestructura se completa mediante inversores y transformador, así como los elementos necesarios para su conexión a la red de distribución a través de una posición de línea en la subestación Meirama, con una capacidad de acceso de 4 MW. De hecho, esta instalación de almacenamiento de energía conectará con la subestación a través de una línea subterránea de 535 metros de longitud.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por los promotores fue sometida a participación pública, sin que se recibiese ningún escrito o alegación al respecto, dice la Xunta, al tiempo que fueron consultados un total de 12 organismos interesados.