El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado que quiere que las políticas de vivienda sean un eje «fundamental» del mandato. Con esta meta, ha anunciado la ampliación del plan de medidas activado en este ámbito, con especial foco en los jóvenes, y una nueva rebaja fiscal: a partir del año que viene, Galicia bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para viviendas protegidas.

Lo ha avanzado en su discurso del debate de política general que esta semana alberga el Parlamento de Galicia, en el que ha proclamado su intención de «prestigiar y dignificar» la vivienda protegida, antes de anunciar nuevas decisiones orientadas a que «todas las viviendas que se están construyendo sean más accesibles para las personas trabajadoras».

Así, tras recordar que en 2025 la Xunta incrementó el techo máximo de renta para acceder a una vivienda pública, y que decidió reservar para menores de 36 años el 25% de estos pisos en venta y el 40% de los que se ofrecen en alquiler, ha anticipado que se volverá a subir el límite máximo de renta hasta cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

A modo de ejemplo, ha explicado que este paso se traducirá en que una pareja con un hijo, que hasta ahora tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, ahora pasa a más de 3.500 euros.

Además, en el caso de las familias numerosas, el techo se elevará a 4,5 veces el IPREM, de forma que un hogar con dos progenitores y tres hijos podrá acceder a una vivienda protegida siempre que no supere los 4.150 euros brutos mensuales de ingresos.

RESERVA DE VIVIENDAS PÚBLICAS EN VENTA

La segunda decisión que ha avanzado Rueda es que se reservará el 30% de las viviendas públicas en venta para personas de entre 36 y 45 años, especialmente cuando son madres o padres de niños pequeños y que, por tanto, tienen menor movilidad geográfica que otras personas más jóvenes.

«Hacemos esto porque creemos que la vivienda pública y protegida debe estar al alcance de cuantas más personas mejor», ha manifestado el presidente de la Xunta, quien ha reivindicado que «todas las nuevas viviendas comprometidas para esta legislatura, el 100% están en marcha».

En pocos meses, tal y como ha apuntado, el Gobierno gallego entregará las primeras llaves en Santiago y en Pontevedra. Antes, había recordado la «ambiciosa meta» que se marcó en 2024: duplicar en cuatro años el número de viviendas públicas, de 4.000 a 8.000.

NUEVA BONIFICACIÓN

La vivienda también ha protagonizado las novedades en el ámbito fiscal, toda vez que Rueda ha anunciado que, a partir del año que viene, Galicia bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las viviendas protegidas.

Rueda ha explicado que se trata de un tributo que paga el promotor en varias fases y el comprador en el momento de la adquisición de la obra nueva.

Hasta ahora, conforme ha detallado en su discurso en el debate de política general, por una vivienda protegida de 100 metros de superficie se pagaban hasta 15.000 euros de este impuesto. Ahora pasarán a ser «cero» para, ha argumentado, favorecer la colaboración público-privada en la construcción de vivienda protegida.

«BAJAMOS IMPUESTOS 138 VECES»

El presidente gallego ha acompañado este anuncio fiscal de una reivindicación de otra línea de actuación política que también prevé preservar en este mandato y se ha remitido a todos los pasos dados desde que en 2009 su antecesor al frente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recuperó el Gobierno autonómico para el PPdeG.

«Desde 2009, la Xunta bajó impuestos 138 veces. En menos de ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez los subió en 96 ocasiones», ha contrapuesto, además de destacar que su Ejecutivo ha cerrado los dos ejercicios de esta legislatura «sin déficit» y «redujo la deuda».

La defensa de esta «gestión responsable» ha sido, tras el reconocimiento al papel de los empleados públicos, ha acompañado de nuevo una crítica velada al Gobierno, igual que al inicio de su intervención destacó la «estabilidad institucional» de que este debate se celebre cuando corresponde y que haya presupuestos autonómicos anualmente.