La Xunta ha propuesto impulsar un frente común entre administraciones públicas, empresas y expertos en el litoral para presentar alegaciones frente a la reforma del reglamento de Costas que tramita el Gobierno central.

Esta fue la principal conclusión del grupo de trabajo constituido este martes a propuesta de la Xunta y de la Confederación de Empresarios de Galicia.

Según ha indicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, el objetivo es «sumar fuerzas» entre las «partes afectadas» para frenar una modificación que «es contraria a derecho y contribuirá a generar inseguridad jurídica».

«Modifica la Ley de Costas por la puerta de atrás y, además, pretende extender la aplicación de la directiva de servicios europea a todas las actividad productivas del litoral, poniendo así en riesgo los derechos adquiridos durante años por las empresas y las personas que dependen de la costa», ha apuntado la Xunta.

De esta forma, en la primera reunión participaron la secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso; la secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Marta Barreiro; la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría; así como, miembros de la Comisión Mar-Industria de la CEG, de la Federación Galega de Municipios e Provincias y del Observatorio do Litoral de la Universidad de A Coruña.

Las representantes de la Xunta lamentaron que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, asegurase este martes que la voluntad del Ministerio es escuchar a los ayuntamientos, cuando «desde el principio la reforma del reglamento se tramitó sin diálogo ni transparencia y la única forma de conseguir información fue por la vía de la presión y de la insistencia».

Por su parte, las representantes de la Xunta explicaron que su «inquietud» ante los efectos de la reforma «es compartida por la Comisión Europea, aunque el Gobierno central justifique los cambios en la norma por el expediente de infracción abierto en 2023 por la UE contra España».

En este sentido, indicaron que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, cuando viajó a Bruselas «pudo constatar» que las autoridades comunitarias «temen que el nuevo reglamente genere inseguridad jurídica y litigios posteriores, así como un conflicto social derivado del impacto negativo que puede tener».

La Xunta ha remarcado que Galicia sería una de las comunidades «más afectadas» si la modificación se aprueba en los términos actuales, al estimar que hay «unos 25.000 empleos dependientes de actividades que se desarrollan en el dominio público marítimo-terreste gallego».

Como ejemplo, las responsables autonómicas señalaron el caso de la acuicultura, astilleros, empresas de la cadena mar-industria, hoteles o negocios de hostelería.

Las representantes de la Xunta también defendieron que el dictamen de la Comisión Europea y las alegaciones presentadas por los ayuntamientos durante la fase de consulta pública previa, algunos de los cuales, según el Ejecutivo gallego, «pidieron explícitamente que se excluyese del ámbito de aplicación a los sectores acuícola y marisquero», confirman que los cambios «van más allá de lo exigido para que España pueda cumplir con las exigencias comunitarias».