La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido de que la propuesta de un nuevo impuesto para el sector energético debido al impacto de la crisis por el conflicto en Oriente Próximo «crea inseguridad jurídica y ahuyenta los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada».

En un comunicado, la patronal eólica, de la que forman parte empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Moeve o Repsol, entre otras, alertó de que la sombra de un posible nuevo impuesto, que se podría aplicar a las empresas del sector eléctrico, solicitado por los ministros de Finanzas de Austria, Alemania, España, Portugal e Italia a Bruselas, impactaría así en las decisiones de inversión en las tecnologías renovables como la eólica, «que son más necesarias que nunca».

A este respecto, recordó que España es uno de los países que menos exposición tiene al gas en la formación del precio de la electricidad, ya que los consumidores de electricidad españoles «han evitado la explosión de los precios de la electricidad de otros países gracias a una aportación del 65% de las tecnologías renovables autóctonas -siendo la eólica la que más aportó con el 22% del total-«.

En este sentido, la patronal subrayó que el precio de la electricidad de marzo en España estuvo por debajo del precio del gas, habiéndose desacoplado de los precios internacionales de los combustibles fósiles, con un precio medio del mercado eléctrico español (OMIE) de 41,71 euros por megavatio hora (MWh), mientras que el del gas fue de 52,62 euros/MWh (Mibgas).

Por ello, consideró que de haber influido el precio del gas en la fijación del precio de la electricidad con la intensidad que está ocurriendo en otros países del entorno, éste hubiera superado los 100 euros/MWh.

Así, el sector eólico, que estimó que es «uno de los sectores industriales con más presión fiscal dentro de la economía», defendió que España «necesita invertir más en eólica y lo debe hacer más rápido», siendo «una medida prioritaria ‘país'».

Por ello, subrayó que un nuevo «coste sobrevenido -un nuevo impuesto sin justificación-» añade un riesgo regulatorio adicional, lo que «agravaría la ya complicada situación por el limitado crecimiento de nuevas instalaciones, incluso con bloqueos estructurales en algunas comunidades autónomas».