El PPdeG ha preguntado en el Senado al Gobierno sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra diferentes preceptos de la ley de acompañamiento de los presupuestos de Galicia de 2025, en concreto, los que afectaban a los últimos cambios legales de la Xunta en materia eólica –incluida la repotenciación– y dependencia y discapacidad.
Así, en una pregunta registrada por los senadores del PP lucense en la Cámara Alta, cuestionan al Ejecutivo central por qué «busca suspender el modelo gallego de simplificación de trámites» que, tal y como han destacado, «ha llevado a más de 12.600 gallegos con dependencia a obtener en los últimos doce meses el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de someterse a una nueva valoración».
En esta misma línea, preguntan al Gobierno si «es consciente» de que está «saboteando un plan de choque» con el que «se conseguía el doble objetivo para el que fue diseñado: incrementar el número de personas atendidas y hacerlo en el menor tiempo posible».
En cuanto a la repotenciación eólica, los políticos populares reprochan al Gobierno que el recurso provoca que «los 16 parques susceptibles de ser repotenciados en Galicia pasen de tener 572 a 112 molinos (un 80% menos)».
Del mismo modo, se preguntan por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez «valora negativamente» un sistema que «suponía la obligatoriedad de reducir el número de aerogeneradores y sustituirlos por otros más modernos y potentes, en el caso de los parques de más de 25 años».
RESPUESTA DEL GOBIERNO
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno sostiene que ambos recursos se interpusieron de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Además, expone que se mantuvieron negociaciones entre la administración estatal y la autonómica con carácter previo con el objetivo de llegar a un acuerdo y evitar su interposición.
Asimismo, explica que, anteriormente, la Comisión Permanente del Consejo de Estado apreció fundamentos jurídicos suficientes para su impugnación ante el Tribunal Constitucional, remitiendo a los senadores del PP a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al respecto.
También se remiten a la intervención del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el pasado 17 de marzo en el Senado, en la que respondía a las críticas sobre estos recursos señalando que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió en tres ocasiones normas de la Xunta presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, mientras que el actual Ejecutivo lo ha hecho en dos respecto al de Rueda, pese a llevar más tiempo.
«Si alguien maltrata a la Xunta, son ustedes», aseveró el ministro, que defendió también que los recursos responden a criterios técnicos y forman parte del funcionamiento ordinario del Estado autonómico.
EL TC LEVANTÓ LA SUSPENSIÓN
Todo ello, después de que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, decidiese el pasado mes de febrero levantar la suspensión provisional de los artículos referidos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos gallegos de 2025.
Una suspensión que se había decretado al ser admitido a trámite el recurso del Ejecutivo central, que consideraba que los artículos en cuestión invadían sus competencias.
Para el TC, partiendo de la presunción de constitucionalidad de la ley gallega, y sin entrar en el tema de fondo del recurso –que se prevé que se resuelva en los próximos meses–, constata «la ausencia de perjuicios irreparables para el interés general o particular en cada uno de los preceptos impugnados».
