La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha remitido una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que solicita la celebración «a la mayor brevedad» de una reunión para abordar la financiación local y avanzar hacia un marco «más estable, suficiente y previsible» para los gobiernos locales.

En este contexto, García-Pelayo considera «necesario» abrir una nueva etapa en la que la financiación local «reciba la atención institucional que le corresponde», según recoge la misiva enviada al titular de Hacienda.

En este sentido, la presidenta de la FEMP ha expresado su confianza en que, «bajo la responsabilidad del nuevo ministro», pueda consolidarse «un modelo de interlocución basado en un diálogo real, fluido y sincero», que permita superar la «no comprensible dinámica de aplazamientos» y abordar con «determinación y lealtad institucional» los retos pendientes en esta materia.

Esta petición se ha realizado después de que la semana pasada se realizara la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde –según la presidenta– no se incluyó en su orden del día ningún punto relacionado con la financiación local, pese a los escritos remitidos previamente a la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según ha subrayado, las reuniones extraordinarias de la CNAL tampoco han incorporado cuestiones vinculadas a las demandas de los gobiernos locales, más allá de las exigidas por imperativo legal, como los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que ha contribuido a posponer un debate que considera «inaplazable».

En este contexto, la presidenta de la FEMP ha advertido de que permanecen pendientes cuestiones que requieren «una respuesta inmediata», entre ellas la actualización de las entregas a cuenta para 2026, el destino del superávit correspondiente a 2025 o la revisión del régimen de las inversiones financieramente sostenibles para permitir su aplicación, entre otros fines, a la promoción de vivienda pública.

A estos asuntos se suman la aprobación de los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para 2026, el inicio de los trabajos para actualizar el modelo de financiación local, la revisión de la tasa de residuos y la constitución de grupos de trabajo específicos sobre la regla de gasto y los municipios en riesgo financiero.