La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha urgido al Gobierno central a que actúe «de forma urgente para frenar la crisis que vive el Grupo Losán», con la que 800 puestos de trabajo (directos e indirectos) están «en peligro» en Galicia.

En un audio remitido a los medios, ha informado de que representantes gallegos del PP en las diferentes cámaras están presentando iniciativas para exigirle al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que «se pongan del lado de las familias y del empleo» y que tomen una decisión para revertir esta situación.

Lo ha señalado desde una junta en Curtis con el alcalde de la localidad, Javier Caínzos; el alcalde de Vilasantar, Fernando Pérez, y concejales de otros municipios como Oza-Cesuras, que se están viendo afectados por la crisis de esta empresa del sector de la madera. Precisamente, Caínzos, que lidera las reivindicaciones de los municipios, ha remarcado la «urgencia» de una respuesta «rápida, firme y sin demora».

«Estamos ante una situación muy delicada que el Gobierno de España no está escuchando», ha lamentado Paula Prado, que también ha exigido a Sánchez que tenga en cuenta el plan de viabilidad económica que presentó en Madrid el Grupo Losán para «proteger esos puestos de trabajo que están en peligro y que son fundamentales para que la gente continúe viviendo en el rural».

La número dos del PPdeG también le ha pedido al BNG que se ponga «del lado de Galicia» y que deje de «apoyar incondicionalmente a Sánchez». «Son muy bravos en Galicia y muy dóciles en Madrid», ha afeado.

DEBATE EN El SENADO El 16 DE ABRIL

En este sentido, el PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso y en el Senado. Concretamente, la del Senado se debatirá el 16 de abril. «Veremos si [el PSOE y el BNG] están donde tienen que estar, con los trabajadores, Galicia y con el empleo en el rural», ha apuntado.

Los populares solicitan al Gobierno central que se convoque una mesa de trabajo institucional para coordinar una solución integral, ejercer las funciones que corresponden a la SEPI como instrumento del Gobierno en empresas estratégicas e impulsar una coordinación efectiva entre los ministerios competentes.

Además, piden que se reconozca y atienda formalmente el acuerdo unánime adoptado por los ayuntamientos afectados en Galicia, trasladando una respuesta institucional a sus peticiones «en el marco del principio de lealtad y cooperación entre administraciones».