La corporación municipal de Santiago de Compostela, conformada por BNG, Compostela Aberta (CA), PP, PSOE y concejalas no adscritas, pide por unanimidad que la Xunta de Galicia y el resto de administraciones competentes adopten «de forma inmediata» las medidas necesarias para asegurar la retirada del material procedente de residuos depositado en la cantera de Miramontes y la recuperación ambiental de la zona afectada.
Así figura en una declaración institucional que todos los grupos han adoptado a raíz de una moción presentada por el Gobierno local (integrado por BNG y CA), que no se ha llegado a debatir en el pleno de este jueves al existir un acuerdo unánime antes de la sesión.
Esta petición llega después de que, en el mes de febrero, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ratificase la existencia de un delito contra el medio ambiente en esta explotación por la actividad desarrollada por la empresa Tecnosolos Galaicos. De esta forma, la corporación recalca que es «inaceptable» que la situación continúe «sin una solución ambiental definitiva».
En el texto, hace suyas las reivindicaciones de la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago y la Plataforma de Afectadas pola Canteira de Miramontes. Por ello, pide que las autoridades responsables hagan público un calendario de actuaciones, con plazos concretos.
También demandan que informen «con transparencia» del estado actual de la cantera, los riesgos ambientales existentes y las medidas técnicas previstas para evitar nuevos impactos durante el proceso de restauración.
La corporación sitúa la cantera como un «ejemplo grave de degradación ambiental, de falta de control público y de desprotección del paisanaje frente a una actividad que generó, durante años, una honda preocupación social y ambiental». Además, recuerda la implicación «activa» en el conflicto del Ayuntamiento, que llegó a acudir a Fiscalía.
DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
Los concejales y concejalas también han aprobado una declaración institucional por el Día Internacional del Pueblo Gitano, en la que recuerdan que es un buen momento para que las instituciones reiteren su compromiso para abordar los «grandes retos» que afectan a este pueblo y las «desigualdades históricas» que atraviesan.
«La pobreza, el fracaso escolar, la desigualdad en el empleo, la segregación escolar o la segregación residencial se combaten con voluntad política, políticas públicas e inversiones adecuadas», insta el texto, que llama a ir más allá de declaraciones institucionales y comprometerse a «garantizar derechos».
Con este acuerdo plenario, la corporación en su conjunto quiere honrar «la memoria del pueblo gitano» y se compromete con «una sociedad justa, basada en los derechos y las libertades, en los valores democráticos, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión social», en la que no puede quedarse fuera este colectivo.
