El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la reforma del Código Penal que busca atajar el fenómeno de la multirreincidencia elevando la penas, una proposición de ley que fue impulsada por Junts y que el PSOE desbloqueó tras el anuncio de ruptura de los independentistas.

La norma se envía así al Boletín Oficial del Estado (BOE) tras recibir el refrendo del PSOE, el PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Por su parte, ERC se ha abstenido en una votación en la que el socio minoritario del Gobierno y el resto de sus aliados de izquierdas (Bildu, Podemos, BNG y Compromís) han votado en contra.

A su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se aprobó una enmienda pactada por PP, Vox y Junts, que modificaba la Ley de Extranjería para que en los procesos de regularización de inmigrantes, como el que tiene en curso el Gobierno, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en otros países anteriores.

VETOS DEL GOBIERNO

En el Senado también salió adelante otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.

El Gobierno podría haber perdido la votación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero no han llegado a votarse este jueves porque Moncloa vetó su tramitación alegando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue aceptado en la Mesa de la Cámara Baja por la mayoría que reúnen el PSOE y Sumar, que avalaron que el Ejecutivo hiciera uso de su facultad para frenar el debate de propuestas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos.

Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías de extranjería con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la que abogaba por ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas de fiscales, lo que tendría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.

SE ADELANTA LA ENTRADA EN VIGOR

Sí pasaron el filtro de la Mesa otras enmiendas, entre ellas dos que han quedado definitivamente aprobadas. La primera de ellas fija penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía para el cultivo de marihuana y la segunda prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión el llamado ‘petaqueo’, vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.

También ha salido adelante otra de las modificaciones del Senado para que la norma entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no 20 días después, como había propuesto el Congreso.

Durante su tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts ya habían alcanzado acuerdos para castigar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y endurecer las penas para determinados delitos de estafa. Por ejemplo se subían de imponen penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes, es decir, que acumulen tres condenas este delito.