El grueso de los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno de coalición han avanzado su apoyo a la convalidación de la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, no así Junts, que se ha mostrado muy crítica con el decreto que se votará este jueves en el Pleno del Congreso.

Tras la negociación que han mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG han comprometido su sí a cambio de que sus demandas sean incorporadas más adelante a la norma, pues el texto se va a tramitar como proyecto de ley.

El ministro ha pedido expresamente que esas enmiendas se puedan presentar en el plazo de dos o tres semanas, pero eso no garantiza su tramitación. De hecho son numerosos los proyectos de ley derivados de decretos que duermen en un cajón del Congreso esta legislatura, incluso con las enmiendas registradas.

Podemos, Bildu y el BNG han remarcado la necesidad de aumentar el plazo temporal contemplado en la reforma para que puedan indemnizarse fallecimientos o lesiones incapacitantes producidas hasta el 31 de diciembre de 1983, dado que en la propia Ley de Memoria se admite que pudieron cometerse vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.

Y Esquerra ha anunciado incluso un acuerdo con Torres por el que el Ejecutivo se comprometería a aceptar esa fecha tope, a dar más tiempo para solicitar las ayudas –el plazo pasaría de uno a tres años– y a revisar los requisitos de acceso, flexibilizándolos para evitar lo que consideran «exclusiones injustas» y asegurar que casos representativos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.

El portavoz de ERC en la materia, Francesc Marc Álvaro Vidal, ha reclamado que se aplique un principio de interpretación a favor de las víctimas, garantizándose una «reparación integral» de las mismas y evitando limitar derechos ya reconocidos hasta la fecha.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de Bildu Isabel Pozueta; el del BNG, Néstor Rego, y la de Podemos Martina Velarde, que ha aprovechado para reclamar una ley para reparar a los ‘bebés robados’, mientras que Mikel Legarda, del PNV, ha vuelto a pedir una nueva legislación sobre secretos oficiales.

JUNTS QUIERE INDEMNIZAR A MIEMBROS DE BANDAS ARMADAS

Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cervera ha sido especialmente crítico con la norma, pero ha preferido no adelantar su voto. Vox votará en contra y a juzgar por su discurso también podría hacerlo el PP, con lo que la convalidación quedaría en manos de Junts.

Cervera sostiene que el Gobierno ha dado un «salto hacia atrás» al excluir de la ley a los «guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas». Y es que, en su opinión, es «legítimo» preguntarse «si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura».

«Reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que en ausencia de libertades la resistencia puede adoptar formas que hoy en una democracia ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera», ha explicado.

SITÚAN A GONZÁLEZ Y GUERRA COMO «CÓMPLICES DE REPRESIÓN»

El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, considera el decreto ley «un despropósito jurídico, una aberración histórica y una deslegitimación constitucional» que supone «un ataque directo a la base fundacional de la democracia». Y lo es, a su juicio, porque sitúa como «cómplices de la represión» a todos los diputados elegidos en las «elecciones libres» de 1977, incluidos los 118 que tenía el PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza y también a comunistas como Santiago Carrillo, Marcelino Camacho o Dolores Ibarruri.

Y tras leer parte de dos comunicados de ETA de 1977 en los que la banda explicaba que no se le podía acusar de querer «desestabilizar la democracia» porque esta no existía, ha espetado a lo PSOE que ha comprado el mismo relato que «escupía ETA para justificar sus asesinatos». «Han blanqueado a Bildu y ahora también quieren blanquear a un juez prevaricador como (Baltasar) Garzón para que presida una totalitaria y distópica Comisión de la Verdad», ha añadido.

También ha sacado a ETA Ignacio Hoces, de Vox, quien ha achacado al PSOE una «doble vara de medir» al legislar sobre hechos de hace 90 años mientras mantiene 400 asesinatos de ETA sin resolver y «blanquea» a Bildu. «Son crueles con las víctimas del terrorismo de hoy, amnésicos con sus corruptelas actuales y, en cambio, actúan como arqueólogos militantes para retorcer nuestro pasado», ha concluido el diputado, que ve la reforma como una «infame patraña».

YA NO HABÍA DICTADURA EN 1977

El diputado andaluz del PSOE Ignacio López Cano había preguntado al PP si se iba a atrever a votar en contra o ha abstenerse ante la ley que permitirá indemnizar a las hermanas de García Caparrós después de que el presidente de su comunidad, Juanma Moreno Bonilla, se envuelva cada 4 de diciembre en la bandera verdiblanca.

Muñoz Abrines le ha replicado que la «trágica muerte» del joven militante de Comisiones Obreras fue «deleznable, inaceptable e injusta» pero que se produjo cuando ya no había dictadura. «Ya no se pedía libertad, sino descentralización», ha puntualizado, incidiendo en que las indemnizaciones en este caso no deben ampararse en la Ley de Memoria sino en la de responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales.