La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Real Decreto de control horario que desde su Departamento están impulsando saldrá adelante «aunque sea lo último que haga».

Así lo ha indicado este miércoles en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado de ERC, Jordi Salvador, que ha pedido a la titular de Trabajo decir que hará para garantizar que el nuevo registro horario salga adelante tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, hecho con el «boicot interno del Ministerio de Economía».

Sobre la cuestión, la ministra de Trabajo ha recordado que la reforma del registro horario proviene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que mandata a España tener un registro «eficaz, objetivo y verificable», por lo que, aunque Junts, PP y VOX impidieran que saliera adelante la rebaja de jornada a 37,5 horas, la reforma del registro horario se hará porque es un acuerdo del Gobierno.

Yolanda Díaz ha calificado de «muy grave» el dictamen desfavorable del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de control horario, que se ampara en dos informes del Ministerio de Economía y se coloca del lado la patronal «que incumple» en materia de jornada laboral.

«Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales», ha recalcado Díaz, que ha asegurado que los planes siguen su curso y, por tanto, la modificación del registro horario en España se va a hacer.

REFORMA DEL DESPIDO

El diputado de ERC también ha preguntado a la ministra de Trabajo sobre cuándo cumplirá España con la Carta Social Europea y reformará el despido para que deje de ser una opción «barata y libre».

Sobre ello, Yolanda Díaz ha reiterado que está a la espera de que las organizaciones sindicales manden su propuesta para ir hacia un despido restaurativo que cumpla la ley porque en España es «muy barato» despedir.

En este sentido, ha reconocido que España está vulnerando la Carta Social Europea en relación al despido y que, por ejemplo, despedir a una cajera con una antigüedad de un año cuesta unos 1.400 euros, lo que, a su juicio, «sale gratis» a pesar de que la «derecha y la extrema derecha» digan lo contrario.