El Partido Popular de Galicia ha hecho valer este miércoles su mayoría en el Pazo do Hórreo para rechazar el «escudo social gallego» que proponía el BNG, con 10 medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.
En el pleno de la Cámara, el diputado Brais Ruanova ha sido el encargado de defender la proposición no de ley a través de la que el BNG proponía un plan con 10 medidas «concretas, urgentes y aplicables» para «proteger a las personas y al tejido productivo» de los efectos de este conflicto bélico.
Así, el parlamentario del BNG ha apelado a poner a las personas en el centro de las decisiones y proteger a los más vulnerables a través de acciones como «duplicar el complemento autonómico para las pensiones no contributivas», un bono de transporte social que haga de la movilidad «un derecho» y reforzar el papel de la Comisión Galega de Competencia para que «esta crisis no sea una excusa para el enriquecimiento ilícito de unos pocos».
Asimismo, ha pedido desarrollar las competencias relacionadas con la planificación económico-industrial para que organismos como el IGAPE protejan el tejido productivo «prestando atención cuestiones esenciales» como la protección de los sectores más expuestos a las alzas de los combustibles –transporte, pesca y sector agroganadero–.
También ha emplazado a proteger al «99% del tejido empresarial gallego» formado por las pequeñas y medianas empresas y los autónomos con líneas de apoyo específicas y el refuerzo de las ya existentes. También ha sugerido poner en marcha un fondo de garantías logísticas que atienda los sobrecostes.
Por último, ha defendido movilizar un fondo extraordinario que apoye a los ayuntamientos para garantizar que «ningún gallego ni gallega quede atrás» en esta crisis independientemente del lugar en el que viva. «Estas medidas no son un catálogo de buenas intenciones, son una hoja de ruta clara», ha sostenido para defender un Gobierno gallego que se «anticipe» y «no llegue tarde».
POSTURA DE LOS SOCIALISTAS
Por el Grupo Socialista ha tomado la palabra la diputada Patricia Iglesias, quien ha puesto en valor el paquete de medidas habilitado por el Gobierno para asegurar que esto es «hacer política útil» y se ha preguntado qué está haciendo mientras el Ejecutivo gallego. «Cric, cric, cric, silencio», ha respondido.
Iglesias ha criticado que más allá del anuncio hecho este miércoles por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que avanzó un plan gallego de 150 millones para ayudar a los sectores más afectados por la guerra, la Xunta no ha puesto en marcha ninguna medida y «llega tarde».
RESPUESTA DEL PPDEG
Enfrente, la parlamentaria del PPdeG Cristina Sanz ha iniciado su intervención subrayado que el PP «no está a favor de la guerra» y criticando que Sánchez y sus socios utilicen este asunto como «una estrategia electoral bajo un eslogan populista falso y manipulador».
«A lo largo de estos días, Sánchez dedicó más tiempo a los eslóganes que a las soluciones», ha sostenido para asegurar que, a diferencia de ello, el Gobierno gallego sí trabajó desde el primer día «en contacto directo con los sectores afectados y planificando acciones para paliar los efectos negativos» del conflicto.
Además, ha censurado que Sánchez anunciase medidas «sin ningún tipo de diálogo con las comunidades» pese a que tendrán «un impacto directo en las arcas autonómicas por afectar a varios impuestos cedidos».
En este sentido, ha dicho que Galicia tendrá que hacer frente con más de 120 millones para financiar las rebajas fiscales puestas en marcha por el Estado frente a la crisis energética, un esfuerzo al que la Xunta añadirá los 150 millones de euros anunciados este miércoles por Rueda.
RECHAZO A LA PETICIÓN DEL BNG PARA CONDENAR LA GUERRA
En la sesión de este miércoles, además, los populares han votado en contra de la petición del BNG para condenar «agresión militar injustificada y contraria» al derecho internacional contra Irán y la «criminal política imperialista de guerra e ingerencia que practican EE.UU. y sus aliados».
El texto, además, emplazaba a la Cámara gallega a hacer un llamamiento a la comunidad internacional, de forma especial a la Unión Europea, al Estado español y a la Xunta para adoptar medidas para frenar la escalada bélica y defender el respeto al derecho de los pueblos a ejercer su soberanía sin ingerencias externas, cerrar las bases de Morón y Rota y poner fin a la participación en la OTAN, así como oponerse al envío por parte del Gobierno de medios y material de guerra a la zona del conflicto.
