La Xunta inyectará 22,7 millones de euros adicionales en el sector del mar durante este año como reacción a la mortandad masiva del marisco durante el invierno por el paso de un tren de borrascas entre enero y febrero.

De ello ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa posterior a un Consello de la Xunta que ha acordado este paquete de medidas. Avisa de que ahora comienza una «lenta» recuperación de trabajo continuo durante meses después de un periodo de lluvias «excepcionales».

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha expuesto que se presenta un «conjunto amplio y coordinado» de medidas por una sucesión de borrascas con hasta 1.000 litros por metro cuadrado, lo que afectó «gravemente» a la mortalidad del marisco. Pone de ejemplo que estas especies necesitan entre 30 y 35 gramos de salinidad por litro de agua, pero hubo «varios días por debajo de 5 gramos por litro» e incluso en algún momento «llegó a cero».

Sostiene que se trata de un plan de medidas técnicas pactadas con el sector y que buscan la «sostenibilidad» del marisqueo.

MEDIDAS

En concreto, 19,2 millones del total serán para las cofradías y entidades titulares de los planes de gestión. Se ofrecerá la posibilidad de firmar convenios bilaterales de colaboración con la Consellería del Mar en los que se detallará los proyectos de regeneración específica de recuperación de bancos marisqueros. Incluirá una gestión «más ágil» de trabajos en momentos que sean necesarios, vigilancia de bancos, siembras y control de depredadores.

La conselleira indica que se remunerarán estos trabajos que se deben realizar, con carácter retroactivo desde el día que se suspendió la actividad extractiva y controles efectivos de las tareas. También se van compensar los gastos que deben realizar las cofradías.

Paralelamente, habrá 1,5 millones de euros a la repoblación directa de especies. Las partidas se completan con 2 millones para proyectos de biodiversidad marina.

Junto a esto, la conselleira do Mar también ha apuntado a una prórroga de los planes de gestión marisquera hasta 2029. Igualmente, reclama al Gobierno central una modificación de la normativa estatal para mejorar la protección de los mariscadores y una exención de cuotas de la Seguridad Social a profesionales afectados.