El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluirá la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Díaz afirmó hace unos días que el plan anticrisis incluiría probablemente la prohibición de despedir por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos, así como medidas en movilidad sostenible para impulsar el transporte colectivo.
En este sentido, el plan incluirá adelantar un año la obligación de empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores (ó de 100 por turno) a implantar un plan de movilidad sostenible al trabajo con el fin de fomentar el transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y la seguridad vial.
Esta medida forma parte de la Ley de Movilidad Sostenible, en el que se establecía un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar en diciembre de 2025, para tener listo el plan de movilidad sostenible preparado. Ahora, este plazo se acorta un año, de forma que en diciembre de 2026 las empresas y entidades públicas deberían tener preparados estos planes.
En relación con los centros de trabajo de alta ocupación, que son aquellos que cuentan con más de 1.000 personas trabajadoras situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las entidades públicas y privadas deberán incluir medidas que permitan reducir la movilidad de los trabajadores en las horas punta o durante la jornada laboral y promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones y de servicios de movilidad colaborativa, así como impulsar la movilidad activa, incluyendo herramientas para facilitar la recarga pública o privada de este tipo de medios de transporte.
En el plan de respuesta que a la guerra de Ucrania que el Gobierno puso en marcha en 2022 se prohibió el despido objetivo en las empresas que recibieran ayudas públicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, así como para las que alegaran causas relacionadas con los precios de la energía.
La ministra ha defendido estos días que la mayoría de los mecanismos laborales para afrontar situaciones críticas, como los ERTE, se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española.
«Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie», subrayó la semana pasada.
La prohibición de realizar despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo forma parte de un paquete de medidas más amplio, sobre todo de carácter fiscal, que el Gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, que ha empezado con dos horas de retraso tras el choque entre el ala socialista y Sumar por el contenido del plan anticrisis.
