El operador ferroviario Renfe reportó en un año (de enero de 2025 a enero de 2026) ocho partes de información de riesgos de seguridad sobre la línea Ourense-Santiago, por incidencias relacionadas con la infraestructura ferroviaria.
Así lo indica el Gobierno en una respuesta a senadores del PP que preguntaron por el número de incidencias reportadas por maquinistas en dicha línea en ese periodo.
El pasado 22 de enero, después del siniestro de Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), y ante avisos de maquinistas por vibraciones, Adif aplicó una limitación temporal de velocidad a 200 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, justo antes de la curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente del Alvia de 2013, ocasionando 80 muertos y 143 heridos.
Esta circunstancia motivó que el grupo popular presentase una serie de cuestiones en el Senado, a las que ahora responde el Ejecutivo central, en un documento con fecha del pasado 13 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press.
Más allá de la mención a esos ocho partes de información de riesgos de seguridad por incidencias en la línea, el Gobierno hace una exposición sobre que «actualmente se está trabajando en la implementación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible».
«En lo referente al sector del transporte, y en particular al ferrocarril, esta ley promueve entre otros aspectos, la creación y regulación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM)», apunta, en referencia a esta «plataforma nacional que centraliza datos relativos a los modos de transporte y movilidad» y que contendrá «información relativa a la oferta y la demanda de los diferentes modos de transporte y movilidad».
Entre otras cuestiones, esta plataforma también recogerá información acerca de la situación financiera y costes de prestación de los servicios de todos los modos de transporte público e inversiones en materia de infraestructuras de transporte.
«IDENTIFICAR Y GESTIONAR» ESTAS LIMITACIONES
También destaca el Ejecutivo que, «de forma añadida, se define la aprobación de un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria que no sean objeto de investigación por la Autoridad Independiente».
«Estos planes serán objeto de exposición y debate junto con todos los grupos parlamentarios», resalta, y destaca que «servirán de apoyo para identificar y gestionar, entre otros puntos, las limitaciones temporales en la vía, y el análisis de todas las incidencias en infraestructuras que provoquen más de 20 minutos de retraso en un trayecto ferroviario».
«Con estas medidas, uno de los objetivos a conseguir es fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y transparencia en el diseño y gestión de las políticas públicas de infraestructuras, transporte y movilidad», según concluye.
