La cadena mar-industria gallega y española expresa su «profunda decepción» ante el acuerdo adoptado para el reparto de sardina ibérica en 2026.

En un comunicado, Acerga, Anfaco, ARVI y la Federación Galega de Confrarías solicitan al Ministerio de Pesca que reabra el diálogo de manera urgente, revise la cuota española «a la luz de la excepcionalidad del mercado», impulse una revisión de la clave de reparto con Portugal y adopte medidas de apoyo inmediatas para evitar afecciones al sector.

Critican que este reparto, «lejos de atender necesidades reales del sector», llega en un contexto complejo: «Con las importaciones desde Marruecos suspendidas, con la industria conservera bajo una tensión sin precedentes en su abastecimiento y con un reparto que vuelve a situar a España en clara desventaja respecto a Portugal».

El límite total autorizado para España en 2026 asciende a 16.848.490 kilos, una cifra que supone una reducción del 2,8% respecto al año anterior. Señala que esta disminución «contrasta con el margen técnico existente», pues «el ICES había estimado que podían haberse permitido hasta 50.294 toneladas conjuntas sin comprometer la sostenibilidad biológica del stock».

Advierten de que la distribución interna «tampoco ha mejorado la situación». Tras las deducciones correspondientes a excesos de 2025, la asignación final queda repartida en 423.106 kilos para el ‘xeito’, 9.419.958 kilos para el Cantábrico-Noroeste y 7.005.426 kilos para el golfo de Cádiz. «Esto se traduce en descensos del 2,3% para el ‘xeito’ y del 4,4% para el Cantábrico-Noroeste, mientras que el Golfo de Cádiz aumenta un 3,7%», se quejan.

A esto se suma la suspensión de exportaciones de sardina congelada por parte de Marruecos desde el 1 de febrero de 2026, medida que durará al menos un año y que afecta directamente al principal flujo de abastecimiento de la industria española de conservas. Marruecos aporta tradicionalmente entre el 64% y el 94% de todas las importaciones españolas de sardina congelada, equivalentes a 27.400 toneladas solo entre enero y octubre de 2025.

Asimismo, lamentan que el acuerdo no haya tenido en cuenta la propuesta remitida por carta a la secretaria general de Pesca el 23 de febrero, donde se solicitaba un aumento excepcional y temporal del nivel máximo de capturas para compensar el impacto del cierre marroquí.

«El resultado es un acuerdo que, aun siendo técnicamente sostenible desde el punto de vista biológico, no resulta sostenible en términos económicos ni sociales», censuran.