El Parlamento de Galicia ha aprobado de forma unánime, y por segunda vez, una iniciativa del PPdeG para solicitar al Gobierno que estudie la creación de un registro centralizado a nivel estatal en el que consten las cuentas bancarias de las personas fallecidas para «facilitar a los herederos» esta información.

La propuesta ha sido debatida este miércoles en el seno de la Comisión 1ª, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, donde el PPdeG ha contado con el apoyo del BNG y el PSdeG –el diputado de Democracia Ourensana no estuvo presente en la votación–.

En 2022, ambas formaciones de la oposición ya respaldaron una iniciativa de las mismas características, aunque los nacionalistas piensan que es «ambigua y abstracta» y propusieron dirigir demandas más amplias a la Xunta. Este es un aspecto en el que coinciden los socialistas, que creen que el Gobierno gallego «tiene margen» para actuar en este ámbito.

La propuesta de los populares, defendida por la diputada María Felisa Rodriguez como «sencilla y de sentido común», consiste en la creación de un certificado único que evite que los herederos «tengan que ir, banco a banco, buscando información».

«Cuando fallece un familiar o una persona próxima, además del impacto emocional, las familias tienen que hacer frente a una importante carga de trámites administrativos y burocráticos», ha expuesto, mencionando las formalidades funerarias y la comunicación del fallecimiento a las distintas administraciones.

También ha mencionado otra circunstancia que se da en algunas ocasiones, en las que el heredero desconoce a qué bancos dirigirse y, aunque existe la posibilidad de realizar investigaciones a través de organismos como la Agencia Tributaria, requieren «tramitaciones complejas» o documentación «difícil de obtener en un primer momento».

Además de simplificar los trámites, el propósito de este mecanismo, a juicio de la popular, es que «los bienes lleguen a sus legítimos herederos». La diputada se ha apoyado también en el respaldo con el que cuentan de colectivos profesionales, como los colegios de abogados y economistas.

«No estamos ante una iniciativa ideológica ni partidista. Estamos ante una propuesta de sentido común y que puede facilitar la vida de las familias en un momento complicado», ha resumido.

«AMBIGUA» Y «SIMPLISTA»

El BNG ha presentado una enmienda, que ha sido rechazada, que proponía dirigir la parte resolutiva a la Xunta de Galicia e instalarla a implementar los medios para la orientación e información sobre los trámites a realizar tras un fallecimiento y realizar actuaciones para dar facilidades a las personas llamadas a la sucesión.

El diputado Iago Tabarés (BNG), que aunque ha opinado que es una propuesta «bienintencionada», ve la iniciativa popular como «ambigua y abstracta» y ha reprochado que, en tres años, no hayan «perfeccionado» el texto, sobre el que –en sus palabras– únicamente «cambiaron los párrafos».

«Creo que soluciona poco porque realmente lo que hace es pedirle al Gobierno, no al Congreso, que estudie posibilidades de un certificado y después ni siquiera precisa, por ejemplo, el contenido del certificado en su extensión; ni siquiera la legitimación para solicitarlo», ha criticado.

Tabarés ha pedido abordar «en su conjunto» las dificultades que se suceden a raíz de la muerte de un familiar y no solo las patrimoniales. Entre ellas, ha citado los problemas que surgen con la inhumación, de modo que «muchas veces no se sabe en qué condiciones están las sepultura» y si la sepultura «está caducada o no».

Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro ha tachado la propuesta popular de «simplista», ya que se trata de un «problema complejo» y de información «extremadamente sensible» y «sometida a diferentes normativas jurídicas».

Castro ha afeado que la Xunta «no hace su trabajo» y cree que «tiene margen» para actuar en este ámbito. En este sentido, ha ironizado con una «falta de confianza» en los representantes de las Cortes: «Traen tantas cosas al Parlamento que se refieren a peticiones al Gobierno del Estado que será por esa falta de confianza».

PLANES MUNICIPALES CONTRA INCENDIOS

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una iniciativa, únicamente con los votos a favor del PPdeG, para instar a la Xunta a recordarle a los ayuntamientos gallegos que, «en el marco de sus competencias», dispongan de planes de actuación frente al riesgo de incendios forestales. Sin embargo, BNG y PSdeG se han abstenido.

El popular Ángel Rodríguez Conde ha apuntado que aquellos municipios en zonas de alto riesgo (ZAR) están obligados a redactar este plan y a definir la estructura organizativa y de Protección Civil ante los incendios. «Estos planes son clave para la protección de la población y la coordinación con los operativos autonómicos», ha defendido.

En este sentido, según ha recogido, la Xunta envió comunicaciones al respecto a un total de 178 ayuntamientos: 55 para Ourense; 50 para A Coruña, 50 para Pontevedra y 23 para Lugo. También ha recordado en que existen ayudas destinadas a localidades con menos de 10.000 habitantes.

La oposición ha coincidido en criticar que la iniciativa insista en la responsabilidad de los ayuntamientos y no en la de la Xunta. Por ejemplo, para el nacionalista Iago Tabarés, su redacción es un «honesto reconocimiento de la nefasta gestión» realizada por el Ejecutivo de Rueda: «Si hay 178 municipios que no lo tienen, es que algo está fallando y no necesariamente son los ayuntamientos».

Por su parte, Paloma Castro cree que es una «desfachatez de intentar dar lecciones a los ayuntamientos gallegos»: «El PP, antes de poner deberes a los mismos, deberían revisar lo que hizo –mejor dicho, lo que no hizo– el Gobierno gallego durante todos estos años y que ya le hemos dicho en múltiples ocasiones», ha valorado.

En este sentido, Castro ha recordado que, tras los incendios de 2025, el presidente de la Xunta anunció que su gobierno asumiría la limpieza de la franja en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes: «Prometen, anuncian y lo de siempre: queda todo en anuncios».