La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este miércoles una reunión con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae para abordar el plan de medidas inmediatas que tiene previsto aprobar el próximo viernes el Consejo de Ministros para amortiguar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, Díaz se reunirá con los autónomos a partir de las 13.00 horas en el Ministerio de Trabajo, tras participar en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

El Gobierno quiere centrar su plan de respuesta «integral», en su primera batería de medidas, sobre los precios energéticos, que están subiendo como consecuencia del alza del petróleo y del gas natural desde el estallido de la guerra en Irán.

La ministra Díaz ha asegurado en los últimos días que su intención es prohibir los despidos por causas energéticas, como ya se hizo en la guerra de Ucrania. Las medidas de respuesta serán, por ahora, más suaves que las planteadas por el Gobierno para aquel conflicto dado que, de momento, está impactando principalmente en el coste de los combustibles.

«Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española. El Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos y a la gente trabajadora», declaró hace unos días la ministra.

LO QUE PIDEN ATA Y UPTA

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, aboga por que el Ejecutivo reduzca los impuestos especiales en la energía y por reducir el IVA de la luz y el gas.

Desde UPTA han reclamado al Ejecutivo un paquete de medidas destinado a proteger al colectivo frente al impacto del encarecimiento de la energía, las materias primas y la inflación.

Con el nombre de ‘Escudo Autónomo’, UPTA ha pedido al Gobierno una bonificación directa en combustibles para actividades profesionales, con ayudas de entre 0,20 y 0,30 euros por litro para reducir los costes operativos.

Asimismo, demanda descuentos en electricidad y energía, con una reducción del IVA al 5% en los suministros de los autónomos y la aplicación de mecanismos de compensación si el mercado eléctrico supera determinados niveles.

El plan propuesto por UPTA también incluye compensaciones frente a la inflación, como cheques trimestrales para autónomos con menor facturación y deducciones extraordinarias en gastos afectados por el incremento de precios.

En el ámbito fiscal, propone medidas de alivio inmediato como aplazamientos automáticos de IVA e IRPF sin intereses, reducción de pagos fraccionados y rebajas en el sistema de módulos.

Además, la organización plantea la puesta en marcha de líneas extraordinarias de liquidez a través del ICO para evitar tensiones de tesorería en pequeños negocios, así como la activación de un cese de actividad extraordinario y mecanismos de ERTE para autónomos con trabajadores.

LA PROPUESTA DE UATAE

Por su parte, Uatae ha pedido la puesta en marcha de actuaciones fiscales extraordinarias dirigidas a autónomos con menores niveles de ingresos, entre ellas, reducciones temporales del IVA en suministros esenciales como electricidad, gas o combustibles profesionales, siempre condicionadas a criterios de renta y tamaño de actividad.

Asimismo, ha propuesto crear la figura del autónomo vulnerable para proteger la continuidad de su actividad económica en un contexto de «fuerte presión inflacionista» derivada del impacto de la guerra en Irán.

La propuesta de la organización define distintos niveles de vulnerabilidad dentro del trabajo autónomo, tomando como referencia el modelo de consumidor vulnerable ya existente.

De este modo se establecen tres categorías: trabajador autónomo vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social, en función de los niveles de renta, la situación familiar o la percepción de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

A partir de esta clasificación, Uatae plantea la aplicación de medidas específicas destinadas a reducir los principales costes que afectan a la actividad económica de estos profesionales, entre ellas la extensión del bono social eléctrico al suministro energético de los locales comerciales, con descuentos que podrían alcanzar entre el 65% y el 100% de la factura eléctrica en función del grado de vulnerabilidad.

La propuesta de Uatae incluye también la creación de un bono social térmico para compensar los costes de climatización, ayudas para aliviar el pago de hipotecas vinculadas a la actividad económica (mediante congelación de cuotas o ampliación de plazos) y medidas para limitar las subidas del alquiler de los locales comerciales, especialmente cuando los arrendadores sean grandes tenedores.

Uatae sugiere aplicar estas medidas al menos durante este año, con posibilidad de prorrogarlas si se mantienen las circunstancias económicas actuales, mientras que considera que algunas herramientas de protección energética podrían mantenerse de forma estructural.