El Ministerio de Industria y Turismo ha establecido las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a proyectos de producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno del vehículo eléctrico en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC).

Solo pueden optar a esa financiación los proyectos cuyo presupuesto financiable sea de al menos 30 millones de euros y el órgano competente para ordenar, instruir los procedimientos de concesión y realizar el seguimiento y control será la Dirección de Programas Estratégicos Industriales de Sepides.

Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al que ha tenido acceso Europa Press, las ayudas tendrán como finalidad incentivar los proyectos de inversión que añadan capacidad de fabricación para la producción, incluso con materias primas secundarias, de las tecnologías de baterías y de almacenamiento de energía, así como de tecnologías de hidrógeno, todas ellas exclusivamente destinadas al vehículo eléctrico.

Asimismo, dichas ayudas también servirán para la producción, incluso con materias primas secundarias, de los principales componentes específicos de las baterías y de las pilas de combustible de hidrógeno, todos ellos exclusivamente destinados al vehículo eléctrico, o la producción de las materias primas fundamentales conexas necesarias para la producción de los productos finales o los principales componentes específicos de estas baterías .

Las resoluciones de concesión de las ayudas contempladas en esta orden deberán haber sido publicadas antes del 30 de junio de 2026 y los proyectos serán financiables desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. El plazo máximo para realizar las inversiones será de 60 meses a partir de la resolución de concesión.

Las ayudas reguladas mediante esta orden tendrán la forma de subvenciones y el beneficiario mantendrá las inversiones en la zona de que se trate durante al menos cinco años, o tres años en el caso de las pymes, tras la finalización del proyecto, con el objetivo de «crear empleos de calidad durables en la Unión Europea».