Tres presas –estructuras dentro de balsas– y una escombrera de residuos mineros de Galicia están consideradas como «peligrosas» a nivel medioambiental por un inventario de instalaciones del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), creado en 2012 y actualizado por última vez en 2022.

Entre estas instalaciones, dos (una escombrera y una presa) están en terrenos de la antigua explotación de Monte Neme, que ha sufrido dos derrumbes: uno en 2014 y otro en enero de este año. La lista la completan una presa en Touro (A Coruña), mina cerrada en los años ochenta y que Cobre San Rafael trabaja para reabrir, y otra en Rubiais, en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

El inventario, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), determina aquellas instalaciones con «un impacto medioambiental negativo grave» o que puedan convertirse a medio o corto plazo en «una amenaza para la salud de las personas o para el medio ambiente». Además, todos los emplazamientos que recoge están abandonados.

Precisamente, en su mayoría han sido objeto de advertencia de entidades ecologistas, como Ecoloxistas en Acción, que avisa de su potencial contaminante y de la posibilidad de «acumulación de líquido», que puede derivar en «una avalancha de agua» en caso de rotura.

El listado fue de obligada creación por una directiva europea de 2006, transpuesta por el Real Decreto de 2009, y se elaboró por primera vez en 2012, con posteriores actualizaciones. Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press precisan que la normativa comunitaria «no recoge otras obligaciones para con este inventario», como podrían ser garantizar su restauración o protocolizar las actuaciones frente a posibles desbordamientos por lluvias.

Para su elaboración, partieron de datos de las autoridades mineras autonómicas y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del CSIC, que en 1989 se encargó de realizar el Inventario Nacional de Balsas y Escombreras para el Gobierno. Este recoge la existencia de 26 presas y 16 balsas en Galicia, lo que hace un total de 42 y, entre ellas, 24 abandonadas.

En relación a la evaluación del riesgo de estas instalaciones, el Miteco redirige a un documento oficial de 200 páginas que explica la metodología a seguir. Este recoge que, a la hora de identificar un escenario de riesgo, deben coincidir tres circunstancias: la existencia de un contaminante; un medio de exposición (como agua o aire), y la presencia, de al menos, un posible receptor.

COMPONENTES «CONTAMINANTES»

En este sentido, la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) defiende que, desde 2009, la normativa de construcción, vigilancia y clausura de estas balsas «es muy restrictiva y está completamente avalada para evitar abandonos que puedan derivar en pasivos medioambientales para la sociedad».

Así, el órgano del sector industrial minero asegura que, de llegar a estar completamente rehabilitadas e integradas, «pueden ser pastos o montes que no se diferencian del entorno natural».

Sin embargo, el portavoz de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López, constata que «muchos» componentes, especialmente en minería metálica, «son contaminantes» y van acumulándose «como en un castillo de playa». «Ahí hay filtraciones, como pasa en Touro y como pasa en San Finx», critica López en declaraciones a Europa Press.

El ecologista advierte de que en Galicia, debido a su red de ríos y regatos, «la contaminación acaba distribuida por toda la zona hasta el mar». Esto es un aspecto que ha criticado en reiteradas ocasiones la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non, que, incluso en el pasado febrero, afeaba que el proyecto de restauración ejecutado era «poco ambicioso» y «no tiene por objetivo la mejora en la calidad de las augas».

DESBORDAMIENTOS POR LLUVIAS

El desbordamiento de las balsas mineras es un escenario posible especialmente en momentos de lluvias persistentes. En Galicia, ejemplos de ello son el incidente de San Finx en 1960 o el de Monte Neme este mismo año. Sobre este último caso, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, adujo en febrero que el derrumbe se produjo por la «acción combinada» del agua de lluvia acumulada durante un período prolongado en el fondo de tala del hueco minero y un episodio de «intensa precipitaciones».

«Por lo general, las balsas mineras antiguas no contienen agua libre, sino un lodo seco con mayor o menor humedad, que puede provocar que, como mucho y en episodios de lluvias, se forme una suerte de laguna», sostiene el Miteco, de forma genérica, sobre las instalaciones de residuos mineros.

Para López, además del medioambiental, la «acumulación de líquido» es el otro principal riesgo que tienen las balsas, ya que puede derivar en «una avalancha de agua» si se produce una rotura y en posibles consecuencias mortales, como sucedió en Brumadinho (Brasil) en 2019. «Si esos residuos se soldificasen se reduciría muchísimo el problema. Quedan ahí porque las empresas quiebran y se marchan», explica.

El ecologista dirige una de sus críticas hacia la legislación estatal, que permite situar este tipo de instalaciones «por encima de las casas». Lo ejemplifica con que, en el proyecto de reapertura de la mina de Touro, la balsa «está a 400 metros de una serie de viviendas».

La COMG explica que, para evaluar el posible riesgo de desbordamiento, se analizan variables como la capacidad disponible, los aportes de escorrentía, el estado del drenaje, el mantenimiento y la previsión meteorológica, entre otros. Además, inciden en que las instalaciones con mayor potencial de afección «suelen estar sujetas a requisitos reforzados de control, seguimiento y planificación».

«MARCHAR SIN RESTAURAR»

Cristóbal López defiende que la «norma general» es que, cuando llega el final del proyecto, la empresa minera quiebra antes de ejecutar la reposición o restauración de la zona y «no hace nada». Además, según apunta, la corporación no suele ser la matriz, sino una filial «creada para la ocasión» y con una inversión de capital «mínima».

Por ejemplo, en Monte Neme, donde la Xunta, ante la ausencia de la empresa, tuvo que asumir las obras de restauración, con un presupuesto que supera el millón de euros. Estos trabajos arrancaron a mediados de diciembre y estaban ejecutándose cuando se produjo el colapso en enero, aunque el Gobierno gallego los desvinculó como causa de la rotura.

«Te das cuenta del desastre que es la minería; de cómo deja atrás su contaminación y se marcha sin restaurar», lamenta el portavoz de Ecoloxistas en Acción, que insta a que, «antes que crear una mina nueva», se «recuperen» las instalaciones abandonadas.

Esta organización, junto a una treintena de asociaciones ambientalistas de España y Portugal, ha creado la plataforma digital Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), que, a través de un mapa, recoge observaciones de las «vulneraciones de derechos sociales y medioambientales» y recopila las «evidencias existentes» sobre cada caso.