La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la popular María José García-Pelayo, ha insistido desde el Senado en su petición al Gobierno central para que permita a los ayuntamientos utilizar sus remanentes municipales para inversiones en el ámbito de la vivienda.

Así se ha pronunciado la presidenta de la FEMP en su comparecencia en la Comisión General de Entidades Locales del Senado, donde ha precisado que la organización municipalista buscará cambiar la ley de financiación autonómica para permitir que los remanentes municipales puedan utilizarse con carácter plurianual, siempre respetando los principios de estabilidad presupuestaria y las reglas de gasto.

Según ha señalado, esta medida permitiría a los ayuntamientos disponer de mayor margen para impulsar inversiones sostenibles, entre ellas la construcción de vivienda, además de favorecer la actividad económica y la generación de empleo vinculada al sector de la construcción.

Además, la también alcaldesa de Jerez ha presentado en la Cámara Alta una guía de recomendaciones –dado que la FEMP no tiene capacidad normativa– destinada a agilizar la construcción de vivienda desde los ayuntamientos. Esta guía se centra en la gestión del suelo, la reducción de cargas administrativas y posibles cambios en la normativa urbanística.

Durante su intervención, la presidenta de la FEMP también ha defendido que el problema del acceso a la vivienda requiere acuerdos entre administraciones y ha advertido de que se trata de una cuestión estructural que «no se soluciona con una ideología», sino con políticas basadas en el consenso y la cooperación institucional.

En este sentido, ha insistido en que los ayuntamientos deben tener un papel «importante» en la búsqueda de soluciones, ya que son la administración «más cercana» a los ciudadanos y quienes reciben de forma «directa» las demandas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Por otro lado, durante el turno de los grupos parlamentarios, varios de ellos han reiterado en la «necesidad» de aumentar la oferta de vivienda y agilizar los procesos urbanísticos para facilitar su construcción.

En este sentido, Vox ha defendido la liberalización de suelo y la reducción de la burocracia administrativa como vía para incrementar el número de viviendas disponibles, al considerar que los largos plazos de tramitación terminan reduciendo la oferta y elevando los precios.

«BLOQUEO POLÍTICO»

También el PNV ha reclamado avanzar en reformas legislativas que permitan agilizar la gestión urbanística y ha criticado lo que ha calificado el rechazo a iniciativas como la reforma de la ley del suelo. A su juicio, en ocasiones los partidos están «más pendientes del relato que de solucionar los problemas» que afectan a los ciudadanos.

Por su parte, Junts ha puesto el foco en la necesidad de reforzar el papel de los ayuntamientos y dotarlos de más recursos para afrontar la crisis de vivienda, además de facilitar la movilización de activos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a alquiler asequible.

En la misma línea, el Grupo Socialista ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de vivienda y ha recordado que la actual ley estatal es la primera aprobada en 45 años, destacando el incremento de la inversión pública destinada a facilitar el acceso a una vivienda digna.

Finalmente, el Partido Popular ha coincidido en señalar que uno de los principales obstáculos para aumentar la oferta es la escasez de suelo finalista y la complejidad administrativa, y ha defendido medidas para agilizar licencias y reforzar la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas.