El Parlamento ha aprobado una iniciativa del PPdeG, con el voto favorable del BNG, para pedir al Gobierno que tenga en cuenta a Galicia en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030, además de que establezca mecanismos para dar una respuesta a los proyectos que quieren implantarse en Galicia pero que, «por falta de conexión, no lo pueden hacer».

Además, la proposición no de ley, defendida en la sesión plenaria de esta martes por el popular Rubén Lorenzo, demanda al Ejecutivo central «incrementar la inversión total para la Comunidad» a este respecto.

Por otro lado, la propuesta exige información sobre cuál es la distribución territorial de la nueva potencia que estará disponible para el consumo, «imprescindible para elaborar una nueva planificación industrial y energética para los próximos años».

Asimismo, se ha incluido una enmienda del BNG para instar a la Xunta a demandar del Ministerio la «urgente solución» para el nudo de transición energética de As Pontes, ya que «actualmente no existe ni capacidad de evacuación ni de acceso a la red de transporte».

Lorenzo ha reivindicado que Galicia «no acepta la discriminación» que, a su juicio, aplica el Gobierno a la Comunidad y ha reclamado una «rectificación inmediata» respecto a la planificación de energía eléctrica» de la que, ha insistido, Lugo «queda totalmente desconectada».

A ello ha respondido Patricia Iglesias (PSdeG), que ha manifestado que Lugo «no se desenchufa», sino que lo que se desenchufa es «un proyecto concreto», en referencia a Altri.

«Lo único que les interesa es mantener vivo el relato victimista. La realidad es que de los proyectos industriales estratégicos declarados por la Xunta se han ejecutado cero», ha criticado antes de reprochar el «fracaso absoluto» en política industrial del Gobierno gallego.

VARIANTE OESTE CALDAS

Por otro lado, también ha salido adelante otra PNL del Partido Popular, con los votos favorables del BNG y la abstención del PSdeG, para reclamar al Gobierno que anule el estudio informativo del proyecto ‘Variante Oeste de Caldas de Reis y Acceso del Puerto de Vilagarcía a la AP-9’.

Después de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunciase la pasada semana la cancelación del proyecto tras el rechazo vecinal, la popular Paula Prado ha criticado a los socialistas que «reaccionaron solo cuando el PP trae esta iniciativa al pleno» y ha desconfiado de sus «promesas», por lo que ha señalado que hasta que no se publique en el BOE seguirán «descreyendo esa paralización anunciada».

Mientras, Paloma Castro (PSdeG) ha defendido el papel del Ejecutivo central, que «escucha, dialoga y rectifica cuando es necesario». «Mientras hacían fotos e intentaban alarmar a los vecinos, otros hablábamos con las plataformas y trabajando con el Gobierno para buscar una solución real», ha puesto en valor.

También ha reclamado a la Xunta que retome el proyecto de la VG-47 como vía alternativa a la PO-531, que une Pontevedra y Vilanova, para conectar el Porto de Vilagarcía con la AP-9 «sin duplicar vías innecesarias».

ACUERDO-UE MERCOSUR

En el ámbito económico, en la sesión plenaria de la tarde, los grupos han debatido una proposición no de ley del Grupo Socialista para defender una aplicación responsable del acuerdo UE-Mercosur que tenga en cuenta la singularidad del sector primario gallego y que ha sido rechazada tanto por el PP como por el BNG.

Así, Lara Méndez (PSdeG) ha pedido a Alfonso Rueda que vaya a Bruselas «a hacer algo más que teatrillo» y que defienda «los intereses del sector primario».

Del mismo modo, ha apuntado también al BNG, a quien ha instado a «dejar de infundir el miedo como arma política», ya que, ha insistido, el acuerdo UE-Mercosur «no elimina controles, no suprime estándares y no deja desprotegido al rural» gallego.

Además, la iniciativa también demandaba exigir la activación «ágil» de las cláusulas de salvaguardia» y de los instrumentos previstos en la PAC y en la Organización Común de Mercados «si se detectasen perturbaciones graves o riesgos acreditados para los sectores más sensibles», así como impulsar medidas de refuerzo de la demanda interna de la producción gallega.

Por parte del BNG, Secundino Fernández ha recordado que están «en contra» del acuerdo UE-Mercosur por dos motivos: porque «perjudica a las explotaciones agrarias gallegas» y por traer productos «que no cumplirán los estándares europeos».

En este sentido, ha cuestionado a PSdeG y PPdeG que reclamen activar medidas de salvaguardia al tiempo que defienden el acuerdo. «Si reconocen públicamente los graves problemas que va a traer, ¿por qué votaron hasta tres veces a favor del acuerdo?», ha señalado.

Tras esto, Miguel Ángel Viso (PPdeG) ha defendido el papel de la Xunta, que apuesta por «el cumplimiento estricto de las cláusulas salvaguardia, refuerzo de los controles en origen y en frontera y mantener intactos los fondos de la PAC».

A su vez, ha puesto el foco en «la competencia desleal» que, en su opinión, «es el verdadero problema, y ha aprovechado también para reivindicar las medidas tomadas por parte de la Administración autonómica, acusando a la oposición de «llegar tarde».

GARANTIZAR SALARIOS FUNCIONARIOS

Por otra parte, tanto el PPdeG como el PSdeG, han tumbado una proposición del Bloque para instar al Gobierno a presentar una propuesta legislativa para que los salarios del personal empleado público se actualicen en función del incremento real del IPC, que sea «una actualización automática y por mandato legal».

La iniciativa, presentada por el diputado nacionalista Iago Tabarés, proviene de una iniciativa legislativa popular promovida por la CIG y defendía establecer una cláusula de garantía salarial que permita «el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las trabajadoras públicas».

La propuesta ha sido rechazada por el Grupo Socialista, que ha reivindicado la «apuesta por el diálogo social» del Gobierno para tratar de «fortalecer el sector público» con «condiciones dignas» para los trabajadores.

Mientras, el diputado popular Juan Manuel Casares Gándara ha retrocedido a la época del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, «que hizo un recorte de un 5,5% de media» y una «reducción de la base salarial que derivó en una dinámica de pérdida de poder adquisitivo».