La Xunta y comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han acordado la creación de una comisión de trabajo para analizar jurídicamente el nuevo anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas.

Así lo ha anunciado este martes la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, tras reunirse con la comisión Mar-Industrial de la CEG, donde también ha intervenido el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

La conselleira ha afirmado que el panorama «es desalentador» y que el texto del real decreto «es todavía peor» que la previsión anterior. «Lo que viene a decir es que van a reducir las concesiones, que no se van a dar más concesiones en la costa; es decir, que se va a expulsar de la costa toda la actividad económica, incluido el sector primario», ha criticado Vázquez.

El documento, que el MITECO sacó este lunes a exposición pública para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones antes del 1 de abril, «nada tiene que ver» con lo que pidió la Comisión Europea.

En este contexto, Vázquez ha afirmado que «lo que pretende» el Gobierno central es que «ni Galicia ni el resto de comunidades autónomas puedan otorgar las concesiones», y que la forma que tiene el Ejecutivo central de hacerlo es «modificando la ley por la puerta de atrás».

«Esto, para Galicia y el resto de comunidades autónomas, es terrible desde el punto de vista económico y social», ha lamentado la conselleira, al tiempo que ha cargado contra el «concepto» que tiene España de «prohibir para no invertir».

Estos hechos, ha continuado, «rompen totalmente» el principio de lealtad institucional y de confianza que tenían las empresas a las que se les dio una concesión o una ampliación y a las que ahora «les dicen que se altera la regla del juego y que, si no están de acuerdo, serán expulsadas».

Por su parte, el presidente de la CEG ha remarcado la necesidad de «estar todos unidos» para, en la colaboración público-privada, «seguir defendiendo los intereses del complejo mar e industria».

Asimismo, ha defendido que la implantación de la actividad económica en el litoral debe ir siempre acompañada de «normativas adecuadas», y no de aquellas que «quieran evitar concesiones y eliminar la actividad económica e industrial que cumple con la normativa».

La comisión Mar-Industria de la CEG ha remarcado que esta reforma genera incertidumbre jurídica, un mayor riesgo regulatorio, riesgo para las inversiones existentes, restricción de usos económicos y dificultades en actividades auxiliares.