El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, ha anunciado que este lunes se enviará al Instituto Galego da vivenda e solo (IGVS) la nueva solicitud para declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado y ha indicado que «espera que se apruebe con rápidez».

Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local — en la que se aprobó la solicitud –, a la que ha asistido, acompañado de la portavoz del Ejecutivo municipal, Míriam Louzao.

Según ha defendido el concejal, la documentación que prepararon en mayo de 2025 era «correcta y muy completa» y acreditaba el cumplimiento de los requisitos que establece la ley con «claridad y contundencia». No obstante, como a la Xunta «no le valía» optaron por preparar una nueva.

Así, la nueva solicitud describe, en primer lugar, el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales.

En cuanto a la memoria justificativa, «solo utiliza datos oficiales que no se complementan con datos de otras fuentes» y describe un «incremento» del precio medio del alquiler del 40,26% entre 2019 y 2024, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivenda, dependiente del propio IGVS.

Durante el período de exposición pública se presentaron dos alegaciones, a diferencia que la primera vez, que fueron seis, ha indicado Lestegás, quien espera que la Xunta apruebe la solicitud «con rapidez», ya que el alquiler está funcionando como «mecanismo de amplificación y reproducción de la desigualdad».

«ESPERAMOS QUE SANTIAGO SEA EL PRÓXIMO»

En su intervención, el edil de Urbanismo ha explicado que ahora mismo hay 307 municipios declarados zona de mercado residencial tensionado, que concentran 9,2 millones de personas. «Por tanto, el 18,5% de la población española vive en un municipio declarado zona de mercado residencial tensionado», ha remarcado.

De forma detallada, ha expuesto que son 271 en Cataluña, 14 en Euskadi, 21 en Navarra y uno en Galicia. «Esto no es porque los municipios catalanes, vascos o navarro sean más proactivos o preparen la documentación mejor que los gallegos, sino porque los gobiernos autonómicos hacen lo que no hace el gobierno gallego que es impulsar la declaración», ha denunciado.

En este sentido, Lestegás ha apuntado que el último municipio en ser declarado zona de mercado residencial tensionado fue Hernani, en Guipúzcoa, el 30 de enero, y que «espera que Santiago sea el próximo».

EFECTOS POSITIVOS

El concejal de Urbanismo ha destacado los efectos fiscales y de inversión que conlleva la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, además de las medidas de contención de precios del alquiler.

Además, Lestegás ha señalado que la declaración de estas zonas tiene «efectos positivos» en materia de inversiones, al permitir que los planes estatales de vivienda y rehabilitación incorporen «programas específicos para promover la oferta de vivienda suficiente y adecuada en las zonas de mercado residencial tensionado».

Asimismo, el concejal ha indicado que la medida tendrá efectos positivos para el tercer sector, porque «está en audiencia pública una propuesta de una línea de financiamiento de ayudas para el fomento de incremento de la oferta de vivienda social accesible para entidades del tercer sector».

Con respecto a las limitaciones de precios, el edil ha expuesto que en el caso de A Coruña, el máximo histórico fue en junio de 2025 con 771 euros, mientras que en diciembre de ese mismo año el máximo descendió a 717,4 euros.

RECURSO HABITACIONAL

Entre otros asuntos, el titular municipal de Urbanismo ha ampliado la información alrededor de la vivienda municipal que pasará a ser gestionada por el Departamento de Igualdade para utilizarse como recurso habitacional para mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de violencia LGTBIfóbica.

Al respecto, Lestegás ha indicado que se trata de una vivienda ubicada en la Rúa de Roma, de 86 metros cuadrados. Los trabajos de acondicionamiento, reparación y adaptación la caldera y revisión de la instalación eléctrica ya se han realizado.

Con todo, quedaría la aprobación de la Xunta, realizar unas gestiones administrativas y amueblarla.