La conflictividad institucional entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez no decayó desde que Alfonso Rueda tomó las riendas de la Xunta tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal. Las quejas públicas de «agravio» de los dirigentes gallegos han subido de tono en los últimos tiempos y tampoco cesan los conflictos de competencias.

De hecho, desde que Rueda es presidente (asumió el cargo por primera vez en mayo de 2022 y revalidó la mayoría absoluta en las urnas en 2024), los recursos cruzados por ambas administraciones ante el Tribunal Constitucional (TC) rondan la media docena.

Uno de los que mayor dimensión de disputa política ha adquirido es el registrado contra los artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos autonómicos para 2025 y que recogían cambios legales que afectan al eólico (como la repotenciación) o a la homologación de dependencia y discapacidad.

El fondo de la cuestión está pendiente de resolución, pero el TC determinó recientemente levantar la suspensión de la aplicación de las leyes recurridas, paso que la Xunta ha celebrado con entusiasmo. También pendiente de resolución está otro conflicto que se hizo público esta misma semana en relación a la ley del deporte.

Este caso aún está lejos del TC –se negociará en la Comisión Bilateral–, pero la Xunta se ha quejado de que se cuestione el artículo que le permite comparecer como acusación popular en los procedimientos por delitos y actos de violencia perpetrados en el ámbito deportivo autonómico.

Sí llegaron al TC en 2024, de la mano de la Xunta y en la línea con otras comunidades gobernadas por el PP, el recurso contra la ley estatal de vivienda, y contra la amnistía del ‘procés’ catalán –que fue rechazado. El Ejecutivo autonómico también vio en 2023 como el Constitucional desestimaba, al tiempo que el impulsado por Andalucía, su recurso contra el impuesto estatal sobre grandes fortunas.

VICTORIAS Y DERROTAS

En cambio, el Gobierno autonómico sí salió victorioso del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo estatal contra la ley gallega del litoral aprobada en 2023 (fue avalada, a excepción de contados preceptos menores).

No sucedió lo mismo con el recurso también impulsado por el Gobierno central contra varios puntos de la ley de medidas que acompañó a los presupuestos gallegos para 2023. Los artículos limitaban a un plazo de 15 años el plazo de obligación de restitución de obras ilegales en zona de dominio público marítimo-terrestre y abrían la puerta a su regularización tras ese periodo, lo que chocaba con la legislación estatal, según estimó el TC.

No era la primera vez que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez cuestionaba una ley de acompañamiento autonómica, una vía para modificar normativas de forma agrupada que también ha sido muy criticada por la oposición en Galicia, al considerar que se «hurta el debate» diferenciado en la Cámara autonómica.

DISPUTAS DIALÉCTICAS

Pero más allá de los recursos y conflictos de competencias, el clima de disputa impera en las relaciones entre ambos gobiernos y las quejas de la Xunta hacia lo que ven «agravios» del Ejecutivo de Sánchez son continuas y se ven en cada escenario que implica a las dos administraciones.

Por ejemplo, significativa fue la confrontación que se evidenció durante la gestión de los incendios del pasado verano, pero también, por ejemplo, en la suspensión del tráfico ferroviario durante la cadena de temporales que afectó a Galicia hace pocas semanas.

El AVE a Oporto o la AP-9 son también objeto de rifirrafes bastante continuos, aunque la Xunta ha ido un paso más allá recientemente al anunciar a finales del mes pasado que acudiría a la Audiencia Nacional (AN) ante la «negativa» del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9.

La «deuda» en materia de financiación de dependencia o para la renovación del convenio de la Unidad de Policía Adscrita, cuya plantilla la Xunta exige «completar» son también objeto de confrontación entre ambas administraciones.

«GALICIA, OBJETIVO A BATIR PARA PEDRO SÁNCHEZ»

En declaraciones a Europa Press, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha afirmado que hay «un trato discriminatorio evidente» hacia Galicia en relación con otras comunidades, a las que «se les dan facilidades, se atienden sus demandas de financiación y se hace todo lo que piden».

«A otras se dedican a ponernos trabas. No hay más que remontarse a la ley del litoral cuando un cargo del Gobierno (Hugo Morán) dijo que era casi una declaración de independencia», ha ejemplificado, antes de incidir en que, más allá de la habitual relación entre administraciones, «cuando haces la foto de conjunto y coges los recursos ante el Constitucional y otras formas de actuar (ha señalado a las visitas de representantes estatales a Galicia «sin avisar a nadie» de la Xunta)», se puede concluir que el Ejecutivo gallego «estorba» al estatal.

A su juicio, se podría interpretar que Galicia parece «un objetivo a batir para Pedro Sánchez». «No le gusta que Galicia tenga este Gobierno y que le vaya bien», ha esgrimido el conselleiro, quien considera, además, que la situación y las «faltas de lealtad institucional» están yendo «a peor». «Probablemente también por la situación del Gobierno central, cada vez más complicada. Ya no nos reúnen a las comunidades para abordar cuestiones sectoriales», ha afeado.

En cuanto al diálogo con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que mantiene con él «una buena relación personal». «Puedo llamarle para expresarle mi opinión o queja sobre determinados asuntos, pero después los resultados son nulos», ha esgrimido.

DE RECURSOS «PUNTUALES» A 19 ACUERDOS

Consultado por Europa Press, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha manifestado que el Ejecutivo de Sánchez «siempre» defiende el diálogo y la colaboración institucional como «la mejor vía para conseguir acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad gallega».

«Los hechos así lo demuestran», ha esgrimido, y ha ejemplificado con el traspaso de las competencias del litoral –aunque previamente el TC había desestimado un recurso contra la normativa gallega–, pero también con otras «próximas» en materia de gestión de los permisos de trabajo y aeródromos no esenciales.

En este escenario, Blanco considera que la Xunta no puede «confundir confrontación política con normalidad institucional», en la que enmarca conflictos de competencias como el de la ley del deporte e incide en que las comisiones bilaterales permiten superar muchas desavenencias sin necesidad de llegar al TC. En concreto, según cálculos de la Delegación, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se alcanzaron 19 acuerdos con la Xunta en estos procesos de negociación.

«Los recursos de inconstitucionalidad se producen solo en casos puntuales en los que no es posible llegar a un acuerdo previo», ha esgrimido, al tiempo que ha incidido en que la Xunta también ha discurrido por este camino y de rechazar la tesis del «agravio».

«El Gobierno de Pedro Sánchez es, sin duda, el más comprometido con Galicia. Con él, Galicia recibió 18.300 millones de euros más que en los mismos años con el Gobierno de Mariano Rajoy», ha argumentado, antes de afirmar que echa en falta en el Ejecutivo gallego «una actitud más constructiva». «A veces da la impresión de que están más pendientes de lo que ordena Feijóo que de aprovechar las oportunidades de cooperación que existen para seguir haciendo avanzar Galicia», ha concluido.