Hatta Energy, operadora al por mayor de derivados del petróleo que se sitúa como quinta de España en 2024 –cuarta en la actualidad si se extrapolan los datos, según sus responsables–, trasladó en septiembre pasado su domicilio fiscal a Galicia.

Con oficina en Oleiros (A Coruña) y una plantilla de unos 40 trabajadores, este gigante petrolero –que a diferencia de otros como Repsol, solo comercializa– planea invertir entre 12 y 14 millones de euros en dos fábricas de biocombustibles en Galicia, para las que no pone fecha ni lugar concretos, pero sí ha entablado ya conversaciones con socios colaboradores y con la Xunta.

Todo ello está condicionado por la obtención del reconocimiento de operador confiable, para lo que apremia a la Agencia Tributaria. La creación de esta figura responde a las nuevas exigencias para combatir el fraude en el sector de hidrocarburos.

Lo que denuncia Hatta Energy, y así lo ha subrayado este jueves en rueda de prensa su CEO, Javier Alonso, acompañado del director financiero y el responsable de asesoría legal, es que entre «seis posibles operadores confiables, cinco ya lo tienen», y ellos no.

La implicación tiene costes, según han criticado en rueda de prensa, pues supone a la compañía tener que adelantar el IVA de cada operación, y realizan más de un millar al día, en un mercado volátil como el de los hidrocarburos. Además, deben sumar un 10% de recargo.

Sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica hay una propuesta de sanción a Hatta Energy –grave, por unos 4 millones de euros– elevada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por supuesto incumplimiento de las reservas mínimas de petróleo.

Alonso ha desvinculado la «lentitud» de la Agencia Tributaria para dar el visto bueno a la condición de operador confiable de esta multa, y ha remarcado que «es una propuesta». En cualquier caso, la ha atribuido a una cuestión de «interpretación jurídica» y la ha enmarcado dentro del «devenir propio de una actividad que genera mucho dinero». En el actual escenario, además, ha afirmado que «el fraude no es posible».

«SEGUNDA COMPAÑÍA GALLEGA»

Hatta Energy, con más de 1.000 operaciones al día, suministra a más de un centenar de gasolineras en Galicia, sobre el 50% del mercado no abanderado en el conjunto estatal. El año pasado facturó 3.500 millones de euros y mueve un volumen de 1.600.000 metros cúbicos de hidrocarburos.

Tras ubicar su domicilio fiscal en la provincia de A Coruña, se presenta como «la segunda compañía gallega, tras Inditex», y reivindica la aportación a las arcas públicas, con 700 millones de euros al año en IVA.

Además, asegura que ha elegido la comunidad gallega como «zona idónea» por sus posibilidades tanto en recursos naturales, «sobre todo biomasa», como en infraestructura logística y «oportunidades de inversión», y con la vista puesta en convertirla en un «hub en Europa». «Puede haber» influido también en el cambio de domicilio, según admiten, la ley de aprovechamiento de recursos naturales recientemente aprobada por el Gobierno gallego.

La compañía pidió la certificación como operador confiable el 5 de enero y existe un plazo de tres meses para resolver, pero aseguran que cumplen todos los requerimientos, incluido el de solvencia financiera, y sabiendo que la Agencia Tributaria «está valorando» y dentro de los tiempos establecidos, advierten: «No nos pueden hacer esperar más tiempo», pues el actual «impasse» les «asfixia» al suponer un «estrés financiero».

Como base para sus demandas apelan a la situación geopolítica y a la escalada de precios. «El tiempo va en contra del consumidor», ya que «quitar actores debilita al mercado», subraya el CEO de Hatta Energy. Por eso, reclama «abrirlo» a más competidores, por su efecto de bajada en los precios.

«POCO QUE VER» CON ALTRI

Preguntados por los planes de inversión, los responsables de Hatta Energy explican que existen cláusulas de confidencialidad, pero concretan que están trabajando en dos plantas, que implicarían más de 100 puestos de trabajo entre ambas.

Ya han mantenido «los primeros contactos» con la Xunta, y, si bien relacionan estas fábricas con una «necesidad estratégica» para cumplir con la legislación y sus requisitos ambientales, también apuntan a que «la etiqueta verde hay que creer en ella», y en Hatta Energy también hay «parte de creencia».

Barajan ya ubicaciones, que «se han testeado» y ya tienen «sondeada alguna asociación vecinal», con la previsión de que «no hay problemas» de rechazo a los proyectos. Serían iniciativas en las que Hatta Energy «iría a apoyar –a los socios de ingeniería– y liderar» financieramente.

Han asegurado, asimismo, que la planta de Altri planeada para Palas de Rei tiene «poco que ver» con sus proyectos de desarrollo, cuyo impacto medioambiental será –dicen– «muchísimo menor». «Cumplirán toda normativa» y «no habrá ningún problema», resuelven, en referencia a que son iniciativas de energía verde, entre las que se encuentra la biomasa, la eólica y la fotovoltaica, entre otras.

De ir todo según sus planes, apuntan, «este año habría presentación» de alguno de estos proyectos, para los que se mueven en plazos de «dos-tres años».