Cantabria ha enviado, en nombre de todas las comunidades autónomas que participaron en la reunión sobre la gestión del lobo el pasado 30 de enero en Santander, una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en la que adjuntan el informe de conservación «favorable» del lobo en España ante la negativa del Gobierno central a trasladar esta documentación dentro del plazo establecido por la normativa comunitaria.

La remisión de este informe, correspondiente al periodo 2018-2024, es clave para avanzar en la aplicación de la modificación del régimen europeo de protección de la especie.

En concreto, la misiva, remitida por la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y firmada por sus homólogos de País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León, se acompaña de una certificación del informe sexenal sobre el estado de conservación del cánido en nuestro país, donde la pasada primavera se le rebajó la protección al salir del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El informe ha sido emitido por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, del que forma parte el Gobierno de España.

En la carta enviada a Roswall, que además es comisaria europea de Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, las autonomías firmantes insisten en que el Gobierno de España se ha negado a remitir el informe sexenal del lobo, «incumpliendo sus obligaciones con la Comisión Europea y con la legislación nacional» (en concreto, con el artículo 17 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE).

Y es que en el encuentro en la capital cántabra a finales del mes pasado, las comunidades participantes denunciaron la «rebeldía» del Ejecutivo de Pedro Sánchez y emitieron un comunicado -apoyado además por Andalucía, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y que ha sido remitido junto a la misiva.

Según alegaron en el foro en Santander y en el documento que acompaña la carta, el Gobierno central tiene la obligación de comunicar cada seis años a la Comisión Europea el estado de conservación en España de las especies silvestres protegidas por dicha directiva, incluido el lobo. En este caso, tendría que haber remitido antes del 31 de julio de 2025 el estado correspondiente al período 2019-2024.

Así, la comunicación y documentación remitida a la comisaria europea deriva de la «negativa reiterada» de la administración central a cumplir con su obligación de remitir el informe sexenal en el plazo indicado.

Las comunidades autónomas ponen de manifiesto diferentes acciones del Gobierno de España para no remitir el informe, como la desconvocatoria «si motivo justificado» de una conferencia sectorial prevista el pasado mes de julio que estaba relacionada con la remisión del informe o la no convocatoria de una nueva reunión.

«La posición del Gobierno es impedir que se haga efectiva la modificación de la Directiva Europea sobre el régimen de protección del lobo, que flexibiliza su estatus jurídico y permite a las comunidades autónomas gestionar la especie en todo el territorio nacional», argumentan las autonomías que se han dirigido a la comisaria europea, y que señalan que esa posibilidad fue ratificada por el Congreso de los Diputados, al incluir en la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario la enmienda que en abril sacó al lobo del LESPRE, en el que llevaba desde septiembre de 2021.

Se rebajó así su protección y volvió a ser especie cinegética, y Cantabria recuperó el plan de gestión del cánido, estableciendo un cupo de 41 extracciones para la presente temporada.