La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que recurrió la estrategia de infraestructura verde de la Xunta, cree que el fallo del TSXG a su favor –que ordena mantener la «protección» retirada a una zona afectada por Altri– «anula» la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto y urge al Gobierno gallego a retirarla formalmente.

«Esta es el primer fallo que conozcamos que afecta directamente al futuro de la fábrica de celulosa de Altri y supone la invalidez o decaimiento del aval ambiental del proyecto. Con él, cae el propio proyecto», ha valorado la secretaria executiva de la organización, Belén Rodríguez, en una rueda de prensa.

El secretario técnico, Fins Eirexas, ha destacado «lo corto y contundente» de la sentencia, que responde a un recurso interpuesto por Adega al identificar que había sido retirada la zona de amortiguamiento marcada por la Consellería de Medio Ambiente en terrenos del proyecto. «Qué coincidencia», ha ironizado.

Estas zonas son aquellas áreas del territorio que actúan como tapón entre la matriz del paisaje y los corredores ecológicos y espacios naturales protegidos. Todo ello dentro de hábitats de interés comunitario de carácter prioritario y de hábitats para especies incluidas en los catálogos gallego y español de especies amenazadas.

De esta forma, el fallo «salvaguarda» la zona de afectación, donde, según Adega, existen cuatro endemismos a proteger, de los cuales tres están «en peligro de extinción». A juicio de Rodríguez, la sentencia hará «mucho más dificil» que Altri «o cualquier otra empresa depredadora» pueda instalar un proyecto en esta zona.

NO DESCARTA NUEVAS OFENSIVAS JUDICIALES

«Las consecuencias de esta sentencia balancean absolutamente todo el proyecto», ha resumido Eirexas, que ha instado al Gobierno gallego a «mover ficha» y «denegar» tanto la autorización ambiental integrada y la solicitud de concesión de aguas.

Aunque la entidad da el proyecto por «muerto», han reclamado que haya «resoluciones administrativas» que así lo acrediten, dado que, a su modo de ver, el archivo anunciado no es suficiente. «Si no resuelve los expedientes, volveremos a recurrir a la justicia para obligar a la Xunta a hacer lo que tiene que hacer», ha advertido.

Además, la organización «no descarta» que la decisión de la Xunta de iniciar el proceso de archivo del expediente «tenga que ver» con esta resolución judicial al ser del 13 de febrero de 2026 y, por tanto, anterior al anuncio. «La razón por la que anunciaron este decaimiento es este varapalo judicial», ha apuntado Eirexas.

PETICIÓN DE DIMISIÓN DE ÁNGELES VÁZQUEZ

«[El fallo] demuestra una vez más que los cargos del PP están ahí para satisfacer los intereses de carácter privado», ha censurado la secretaria executiva, que ha reclamado la dimisión de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. En este punto ha insistido el secretario técnico, que cree que la responsable «legisla en contra del interés público».

Su departamento, que aún valora si recurrir la sentencia, defendió este jueves, tras trascender el contenido del fallo, que este está vinculado a un documento estratégico previo a la implantación de la infraestructura verde, lo que «no invalida» futuras consideraciones «definitivas».