La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes que inicia el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

«Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro», ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, después de incidir en que el Consejo (gobiernos) ya dieron luz verde en enero a Bruselas para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible.

La conservadora alemana ha recordado además que desde la firma del pacto dejó claro que la Unión «estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran» y que el ritmo de ratificaciones por parte de los socios iberoamericanos permite ya poner en marcha el proceso del lado europeo, sin aclarar la fecha exacta en que prevé su entrada en vigor.

La Unión Europea y los países de Mercosur firmaron el pasado enero los acuerdos político y de libre comercio con los que las dos regiones culminaron casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones, que sale adelante pese al rechazo del campo europeo y de media docena de países europeos, entre ellos Francia y Polonia.

La parte comercial de competencia exclusiva de la UE puede entrar en vigor de manera interina desde el momento en el que al menos un país del bloque del Cono Sur complete su propio proceso de ratificación, lo que ocurrió este jueves en Uruguay y Argentina.

La entrada en vigor definitiva para el conjunto de los acuerdos, sin embargo, requiere de un proceso de ratificación más complejo que pasa por la adopción por parte de los Veintisiete y del consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo, pero ya no modificarlo.

En el caso de la Eurocámara, ese voto está en el aire hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el recurso remitido por los eurodiputados respecto a la compatibilidad del pacto comercial con el Derecho comunitario, lo que paralizó de facto su ratificación.