Los grupos de la Diputación de Lugo han protagonizado este martes un cruce de acusaciones en el pleno extraordinario celebrado tras la sentencia del Tribunal Supremo que estimó un recurso del PP contra el fallo del TSXG que avalaba la entrada de la institución en el accionariado de Tragsa al considerar que la decisión debería haber pasado por la intervención del pleno.

Así las cosas, en la sesión, la Diputación ha desestimado la moción del PP que motivó la celebración de un pleno extraordinario este martes, una vez terminado el ordinario. En ella se pedía la ejecución de la sentencia del Supremo que, según declaraban, «anulaba varios actos de la presidencia y de la junta de Gobierno del ente provincial» en relación con las contrataciones con Tragsa.

Tras un tenso debate, los socialistas manifestaron que el PP «falta a la verdad, tergiversa los hechos y genera dudas infundadas». Así lo defendió la portavoz socialista del Gobierno provincial, Pilar García Porto, quien también explicó que la sentencia no invalida los encargos realizados a Tragsa ni impide que la institución provincial continúe trabajando con esta empresa pública estatal, que actúa como medio propio de la Diputación.

Según detalló, el fallo judicial se limita a señalar que la decisión inicial debía haberse adoptado en pleno y no mediante decreto. Ese requisito, añadió, quedó subsanado en abril de 2022, cuando la Corporación ratificó expresamente tanto la adquisición de la acción como los encargos efectuados.

La portavoz recordó además que dicho acuerdo plenario fue recurrido por el PP, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo desestimó íntegramente el recurso y avaló la actuación de la Diputación. Al no presentar los populares recurso posterior, la resolución es firme, por lo que, según subrayó, existe plena seguridad jurídica.

En cuanto a la memoria económica, García Porto indicó que los tribunales determinaron que no era exigible en este caso, dado que Tragsa es una empresa pública estatal y no una sociedad dependiente de la institución provincial.

Por su parte, el PP defendió que se acatara la sentencia del Tribunal Supremo, que consideró «histórica», y lamentó que la presidenta Carmela López no apoyara la moción para reincorporar a los 16 trabajadores afectados.

Antonio Ameijide criticó que la institución siga las directrices del anterior presidente y se niegue a cumplir el fallo judicial, «que declara ilegal la adquisición de una acción de Tragsa y la encomienda de gestión posterior por vulnerar competencias del pleno».

Según los populares, la resolución establece jurisprudencia para todas las administraciones locales y evidencia una gestión contraria a la legalidad por parte de PSOE y BNG. El PP recordó que ya en 2019 advirtió de la ilegalidad del proceso, «que derivó en el desmantelamiento de la empresa Suplusa y la salida de trabajadores cuya situación sigue sin resolverse». La sentencia anula los acuerdos adoptados y obliga a revisar la gestión de los servicios afectados.

Los populares propusieron dar por finalizados los encargos a Tragsa y asumir la gestión directa del mantenimiento de zonas verdes, subrogando al personal implicado en la Diputación. Ameijide insistió en que la institución debe acatar íntegramente el fallo y garantizar los derechos laborales. También señaló que la resolución confirma las advertencias del PP y constituye «un ejemplo de mala praxis política». El grupo popular lamentó la falta de voluntad para cumplir la sentencia y defendió seguir trabajando por la estabilidad institucional y el respeto a la legalidad.

La presidenta de la Diputación explicó asimismo que, desde el inicio del mandato, solicitó informes económicos y jurídicos para analizar en profundidad este asunto y actuar con todas las garantías. La institución cuenta, añadió, con un informe de la Asesoría Jurídica que respalda su posición.

Respecto a la situación laboral del personal, la portavoz recordó que existe un procedimiento abierto en el Juzgado de lo Social número 1 de Lugo y defendió que corresponde a los tribunales resolverlo. A su juicio, «no sería responsable adoptar decisiones políticas sobre un asunto pendiente de resolución judicial ni generar expectativas entre los trabajadores».

La Diputación reafirmó que «continuará actuando con rigor y dentro de la legalidad, garantizando la prestación de los servicios públicos y la estabilidad institucional en defensa de los intereses de la provincia».