La portavoz del grupo Sumar, Verónica Barbero, ha defendido este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para frenar las deslocalizaciones industriales y evitar que empresas que recibieron ayudas públicas cierren o trasladen su producción fuera de la Unión Europea.

En concreto, ha aprovechado su intervención para poner el foco en «conflictos industriales activos», entre los que ha mencionado el caso de Alcoa y Fiber en Galicia. Así, Barbero ha reivindicado una política industrial «verde, moderna y con garantías sociales y ambientales».

Además, ha reiterado desde la tribuna el rechazo al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y ha insistido en defender un modelo productivo «que no comprometa el territorio ni el empleo». La iniciativa de Sumar incluye dos grandes líneas de actuación, según ha detallado el partido en una nota de prensa.

Por un lado, si una empresa decide trasladar su actividad fuera de la Unión Europea, los despidos derivados podrían ser declarados nulos o improcedentes. Además, si la compañía recibió ayudas públicas estaría obligada a devolverlas.

Por otro lado, la ley obligaría a presentar un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la actividad y del empleo cuando se produzca la venta de una planta. Se establece también un período de negociación con la representación sindical y se reconoce a las personas trabajadoras «derecho de tanteo y retracto» para adquirir la empresa.