El Gobierno impulsará la reforma del reglamento de regulación de costas para antes del verano y así evitar la condena de la Unión Europea.

Así lo explican en una nota informativa emitida desde el Ministerio de Transición Ecológica y distribuida por la Delegación del Gobierno, donde explican que el objetivo es que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se concedan mediante concurso público y sin prórroga automática.

Recuerdan que en abril de 2021, la Comisión Europea abrió un piloto de infracción a España por incumplimiento de la Directiva de Servicios, al considerar que la legislación española permite que las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas se concedan sin concurrencia competitiva y se prorroguen automáticamente, lo que contraviene la legislación comunitaria.

Tras dos contestaciones del Reino de España exponiendo el ajuste de la legislación de costas a la normativa europea, en febrero de 2023 la Comisión Europea consideró insuficientes las justificaciones y abrió un procedimiento de infracción.

Así las cosas y tras varias reuniones mantenidas entre el Miteco y la Comisión, el Gobierno se ha comprometido a modificar el Reglamento General de Costas de manera que no se puedan tramitar concesiones sin concurso previo, «lo que evitará que se produzcan resoluciones contrarias a la normativa europea».

Ante esto, apuntan, la Comisión se ha mostrado «dispuesta» a no escalar en la condena a España «si efectivamente se modifica el Reglamento para este verano y esa modificación no es anulada por el Tribunal Supremo.

Como primer paso para la tramitación de la modificación del Reglamento General de Costas, se ha abierto un periodo de consulta pública previa (del 4 al 19 de febrero de 2026). Esta consulta previa establece los objetivos de la norma que se pretende tramitar, sin texto propuesta, para que los ciudadanos puedan presentar sus sugerencias. Señalan que es necesaria porque la anterior modificación del Reglamento se anuló por el Tribunal Supremo por haber prescindido de este trámite.

La Xunta — concretamente las Consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y la de Mar — ya ha presentado sus alegaciones. La semana pasada, ambas conselleiras (Ángeles Vázquez y Marta Villaverde) se reunían con los sectores afectados para exponerles la situación y denunciaban el «nulo respeto institucional» que demostraba el Gobierno en su proceder tanto respecto a las comunidades autónomas como hacia los sectores económicos y sociales.