La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado no tener «conocimiento formal» de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente para investigar el vertido de aguas residuales al río Sar del pasado mes de octubre a raíz de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Ames (A Coruña), próximo a la capital gallega.

Fue la misma regidora quien dio a conocer el pasado viernes que Augas de Galicia, adscrito a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, había resuelto imponerle una sanción al Ayuntamiento por un importe de 300.000 euros en relación a un expediente abierto por un vertido en el río Sar, donde el organismo autonómico hizo mediciones.

La conselleira, Ángeles Vázquez, advirtió el mismo día de que era «un problema de carácter judicial» y, el lunes siguiente, trascendió que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar este vertido, de forma que ha solicitado la documentación pertinente a Augas de Galicia.

Sin embargo, preguntada por los medios este miércoles, Sanmartín ha dicho no tener conocimiento «oficial» sobre este paso y ha insistido en que la propuesta de sanción llegó «con un anuncio de que hay una denuncia por parte de Augas de Galicia».

«Ha quedado absolutamente claro que la denuncia fue de Augas de Galicia en un momento en que, como decíamos, se está poniendo solución a un problema histórico de contaminación en el río Sar, algo para lo que la depuradora no era suficiente ni tenía la capacidad necesaria», ha expuesto la alcaldesa, que ha incidido en que ha llegado durante la ejecución de las obras para «poner fin» a ello.

Asimismo, ha recordado que, en un momento «puntual» en el que se produjo un vertido, el Ayuntamiento abrió un expediente informativo y llamó a la adjudicataria de las obras de la EDAR, Aquaes, que dio las «explicaciones pertinentes» frente a representantes municipales, de la Xunta y del Estado.

Por otra parte, fuentes del departamento autonómico han asegurado a Europa Press que las actuaciones graves que llevaron a la propuesta de sanción de 300.000 euros proceden de «denuncias de terceros» y que las actuaciones anteriormente abiertas por Augas de Galicia no estaban relacionadas con los hechos manifestados por agentes ajenos.