El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la resolución, firmada por el presidente del jefe del Legislativo, Miguel Santalices, que ratifica a María Dolores Fernández Galiño como Valedora do Pobo, «con las prerrogativas, atribuciones, deberes y facultades» derivadas de su condición de alta comisionada del Parlamento de Galicia.

La reelección de Fernández Galiño (O Carballiño –Ourense–, 1963) para un nuevo mandato fue aprobada en el último pleno de la Cámara autonómica.

Su propuesta se fraguó a raíz de un acuerdo entre los dos principales grupos del hemiciclo, populares y nacionalistas –que ahora se encargarán de proponer a la persona que la acompañe como adjunta–.

En su comparecencia en la Comisión de Peticiones el pasado mes de enero, Fernández Galiño aseguró que optaba a continuar como Valedora con los mismos ideales que a su llegada al cargo 2019 y con el compromiso de continuar trabajando para profundizar en el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía gallega.

Además de reivindicar su independencia, ha resaltado algunos de sus compromisos, como la promoción de la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la prevención y la erradicación del acoso, la lucha contra la trata y otras formas de explotación humanas, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional, la erradicación de cualquier forma de discriminación, así como el apoyo a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Además, citó la defensa y la promoción de los derechos digitales, el derecho a las instituciones sólidas y la protección del medioambiente. «En todos años, como valedora do Pobo, apliqué estos principios en un contexto algunas veces muy difícil y extremo», ejemplificó, en un escenario en el que citó la pandemia, la invasión de Ucrania o la guerra de Gaza.

Además, puso en valor el incremento de la actividad en la institución con quejas al alza en cada ejercicio. El último informe presentado refleja que sanidad y servicios sociales mantienen un peso fundamental en las preocupaciones de la ciudadanía gallega.

Más complicada era la coyuntura en la que accedió al cargo por primera vez en 2019, cuando sustituyó a Milagros Otero, quien había renunciado unos meses después de una polémica a raíz de la designación dentro de la institución de una funcionaria hermana de Pedro Puy, entonces portavoz popular en la Cámara gallega y sobrina del expresidente Manuel Fraga.