Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han rechazado sumarse este martes al acto solemne que va a tener lugar en el hemiciclo del Congreso, presidido por los Reyes, para celebrar que la Constitución de 1978 se va a convertir en la más longeva de la historia de España y lo han hecho alegando que ese marco no les permite votar la independencia de sus territorios y que, además, la Monarquía la impuso el dictador Francisco Franco.

Así lo explican en el manifiesto ‘Naciones con pleno derecho a decidir, democracia para avanzar’ que han dado a conocer horas antes del citado evento, en el que reafirman su compromiso con el «reconocimiento efectivo de las naciones que conforman el Estado y con el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación» de sus territorios.

En este contexto, reiteran su tesis de que la Constitución de 1978 «no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista», sino que fue el resultado de un «pacto condicionado» por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura.

A su juicio, con la Carta Magna se consolidó «la negación de Galiza, Països Catalans y Euskal Herria como naciones» y su derecho a decidir, así como el establecimiento de un «modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadoras».

«Todo ello -añaden– atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos».

MODELO QUE LIMITA EL AUTOGOBIERNO

Según estas formaciones, lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, la vigente ley de leyes «asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible».

«La experiencia de estas décadas evidencia que la llamada ‘longevidad constitucional’ no implicó la superación del déficit democrático de origen», aducen, a la vez que hacen hincapié en que «la longevidad de una norma no es garantía de calidad democrática» y subraya que su «verdadera fortaleza» reside en la capacidad de «reconocer la diversidad, de respetar la voluntad popular, de permitir que los pueblos y naciones decidan libre y democráticamente su futuro y de blindar los derechos y libertades de las clases populares y trabajadoras».

Para las tres formaciones soberanistas, «la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que la ciudadanía gallega, catalana y vasca pueda pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales» de sus pueblos.

También recalcan que «el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado», sino que ha de ser «político y efectivo», es decir, traducirse en el libre y pleno ejercicio de la soberanía si así lo deciden «libre y democráticamente» sus ciudadanos.

Así, argumentan que la Constitución de 1978 sigue negando el «nuevo horizonte político y social» que ellos propugnan y que avanzar hacia un tiempo nuevo «verdaderamente democrático» implica abrir un «proceso constituyente» que reconozca explícitamente sus naciones, garantice el derecho de autodeterminación, permita ejercer la soberanía y posibilite construir, «desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos para la construcción de un presente y futuro justo y libre».