La situación de las carreras y del ferrocarril en el marco de los sucesivos temporales de las últimas semanas, así como el conflicto en el transporte de viajeros en A Coruña han sido objeto de atención para un cruce de acusaciones, en distintas comparecencias ante de los medios, de populares y socialistas en Galicia.

Así, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha denunciado la «palpable falta de compromiso» del Estado con las infraestructuras en Galicia, al tiempo que ha lamentado que se haya llegado a generar «un caos ferroviario» sin «ninguna alternativa de movilidad a los usuarios».

Tras destacar el papel de la Xunta para aliviar la situación, ha recalcado que la red nacional de carreteras demanda «actuaciones de emergencias». A modo de ejemplo, ha citado los problemas constatados en vías como la N-120, la N-550, o la A-52, antes de subrayar que los vecinos de Lugo van «a protestar contra el malestar de la N-540».

Pazos ha mencionado un estudio de la Asociación Española de Carreteras que, ha incidido, «alertaba de la falta de conservación de las vías con el foco en la falta de inversión» del Ministerio que dirige Óscar Puente. Enfrente, ha destacado la inversión de la Xunta en las carreteras autonómicas.

«Nos gustaría que la Administración central asumiese su responsabilidad y que mostrase un compromiso con hechos similares. Por eso, no nos cansamos de reclamar al Gobierno que presente un plan integral de conservación urgente de su red vial con actuaciones a corto y medio plazo, y con un presupuesto específico», ha exigido.

Igualmente, sobre la exigencia del BNG de que Gobierno y Xunta se coordinen para actuar ante la coyuntura ferroviaria y de las vías, Pazos ha replicado que el Gobierno gallego «colabora siempre cuando la propuesta es razonable», pero se ha quejado de que es «muy difícil» cooperar cuando una de las partes «hace lo posible para que no exista esa colaboración».

«Creo que la Xunta está cumpliendo», ha dicho, además de quejarse de que el Ejecutivo estatal no proporciona «información» al Gobierno gallego.

CONFLICTO DEL TRANSPORTE

Los socialistas, por su parte, han instado a la Xunta en poner el foco en sus propias responsabilidades mediante una comparecencia compartida de la diputada socialista en el Congreso y secretaria de Transportes del PSdeG, Patricia Otero, y el parlamentario autonómico Aitor Bouza.

Ambos han exigido al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que «se remangue y trabaje» para resolver el conflicto en el transporte de viajeros en A Coruña, que interpretan como un síntoma del «colapso» provocado «por años de falta de gestión por parte del Gobierno gallego».

Otero y Bouza comparecieron en la Estación Intermodal de Santiago para recordar a la Xunta que «tiene competencias y responsabilidad directa en el transporte de viajeros por carretera» y exigirle que «deje de hacer oídos sordos» en el conflicto colectivo abierto entre la patronal y los trabajadores de bus de la provincia.

En este sentido, el parlamentario autonómico Aitor Bouza ha demandado a Calvo que «asuma su responsabilidad» y trabaje para que «haya un acuerdo real» en el transporte de bus en la provincia de A Coruña. Ha demandado una «solución inmediata» a la situación del transporte público en Galicia, donde ha afirmado que «falta una política seria» por parte del Gobierno gallego.

Así, ha afeado que actúe como «invitado de piedra» limitándose a pedir que «las partes negocien», y ha señalado que «debe asumir de una vez la gestión del transporte interurbano y atender al clamor ciudadano para que pongan medidas encima de la mesa para resolver el caos en el transporte público por carretera».

De hecho, en un contexto marcado por las acusaciones de PP y Xunta, ha incidido en «la rapidez» con la que «lanzan críticas» a los gobiernos socialistas pero que «silban» cuando llega el momento de actuar ante sus responsabilidades.

A renglón seguido, ha advertido que son los usuarios del transporte interurbano «los que llevan años padeciendo recortes, contratos mal diseñados y concesiones que no responden a las necesidades reales del territorio», y ahora la huelga del transporte «trasciende a un conflicto entre empresas y trabajadores, ya que y un problema estructural de un servicio publico mal planificado y mal financiado».

«LA XUNTA FIJA LAS CONCESIONES»

Patricia Otero ha recordado que la Xunta es «la que fija las concesiones, las condiciones y la financiación», por lo que ha reclamado que «actualice los contratos de servicio interurbano porque no pueden mirar para otro lado mientras suprimen frecuencias sin previo aviso y queda gente tirada en las paradas».

La responsable socialista ha reclamado «un plan de ayuda a las empresas, atadas por unos acuerdos basados en las condiciones de antes de la pandemia y de la invasión de Ucrania».

No en vano, ha recordado que, en los últimos siete años, «el coste del combustible llegó a aumentar más de un 40 por ciento, la inflación erosionó la capacidad adquisitiva y encareció el mantenimiento y las operaciones de las empresas».

Y ha criticado que, durante todo este tiempo, la Xunta «miró para otro lado mientras el transporte público se deteriora de norte a sur y de este a oeste» porque, ha concluido, «piensan que gobernar es criticar y hacer oposición al Gobierno olvidando sus competencias».