Augas de Galicia ha resuelto imponerle una sanción al Ayuntamiento de Santiago por un importe de 300.000 euros a raíz de un expediente abierto sobre una medición en el agua del río Sar, que derivó en una denuncia del mismo organismo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

«Ese expediente sancionador se abre justamente sobre una medición de agua en el Sar, que la vieja depuradora no trataba convenientemente, algo que ya sabíamos; pero menos podía tratar después de que una parte ya estaba desmontada para cumplir con el plan de la obra [de la nueva]», ha expuesto la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien ha adelantado la decisión del ente autonómico.

Ahora, la Administración local presentará alegaciones a la resolución con fecha del 4 de febrero, día a partir del que disponía 15 días. Paralelamente, los servicios técnicos lo han comunicado a Aquaes, actual responsable de la explotación de la depuradora, y a la empresa prestadora del servicio de saneamiento y abastecimiento para tomar las acciones correspondientes.

Sanmartín ha recordado el estado avanzado de las obras de la nueva instalación, que ya está parcialmente en funcionamiento y cuya finalización está prevista para verano de 2026. En este contexto, encuentra «extraño» que la decisión se haya tomado «en el momento en el que [la situación de la depuradora] se va a resolver» y en el marco de una obra de la que la Xunta «forma parte».

«LECTURA POLÍTICA»

«No es fácil obviar una lectura política», ha valorado. Para ello, la regidora se ha remitido a «15 años con contaminación al río por ineficiencia de la depuradora», de forma que ha apreciado «un interés por sancionar al Ayuntamiento».

Un aspecto que ha llamado especialmente su atención tiene que ver con que el expediente encuentra «intencionalidad» –según recoge Sanmartín– en el incumplimiento de la autorización del vertido porque «se eliminaron partes de la antigua depuradora antes de finalizar completamente la nueva».

«¿Cómo va a apreciar intencionalidad de un incumplimiento porque se eliminaron partes de la antigua depuradora antes de rematar la nueva?», se ha preguntado y, a continuación, ha añadido: «Era algo sabido». Así, ha remarcado que el convenio está firmado por el Ayuntamiento, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España.

«SANCIÓN AGRAVADA»

La infracción ha sido calificada como «grave» y la cuantía impuesta es la máxima dentro de una horquilla que va de 30.001 a 300.000 euros. Inicialmente había sido considerada como «leve», a lo que el Ayuntamiento alegó, pero la nueva infracción –según la alcaldesa– se resolvió «con otras mediciones» y sin posibilidad de alegarlas.

«Era leve, y sin trámite de audiencia previa, de repente pasó a ser grave, en el momento justo en que se entra en funcionamiento la nueva EDAR; y justamente en ese momento, se hace la máxima sanción», ha criticado.