La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha pedido «tiempo» antes de entrar en valoraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Partido Popular contra el fallo del TSXG que avalaba la entrada de la Diputación de Lugo en el accionariado de Tragsa.

Según el tribunal, la decisión debería haber pasado por la intervención del Pleno «debido a su trascendencia organizativa y financiera».

En declaraciones a los medios durante una visita a las obras de Infanta Elena, Carmela López ha señalado que trasladará una respuesta en los próximos días y que se preocupó por esta cuestión «nada más llegar» a la presidencia de la institución provincial. Con todo, ha acusado al Partido Popular, que hizo el jueves unas declaraciones muy críticas, de «pretender capitanear esta acción».

Carmela López ha pedido algo de tiempo para poder estudiar esta sentencia que concluye que la adquisición de la participación en Tragsa y la utilización de esta entidad como medio propio mediante un sistema de cooperación vertical conlleva una decisión con trascendencia organizativa.

«Llevo apenas un mes, tengo varios conflictos, problemas y expedientes encima de la mesa y éste es uno de ellos. Pero antes de ofrecer ninguna conclusión hay que estudiarlo, ir paso a paso, es como me gusta trabajar», ha explicado, para concluir que en los próximos días trasladará una respuesta sobre las acciones que se tomarán.

Este jueves, el Partido Popular celebró la sentencia recordando tanto a la presidenta de la Diputación, Carmela López, como al expresidente, José Tomé, al PSOE y al BNG, que «tiene que quedarles más claro que no están por encima de la ley».

Además, los representantes del Partido Popular han querido reivindicar que esta sentencia «refuerza» su papel como «garantizador de la legalidad».

Antes de las palabras de la presidenta este viernes, la Diputación emitió un comunicado en el que acusó a los ‘populares’ de intentar engañar con informaciones tergiversadas «sobre el alcance de la sentencia», recordando que ésta no anula ni invalida el acuerdo, como tampoco se pronuncia sobre los encargos realizados a Tragsa, por lo que asegura que «resulta incorrecto y jurídicamente inexacto afirmar lo contrario, como hace el PP».

Según el ente provincial, en un primer avance, el fallo «se limita a determinar que la competencia para adoptar la decisión inicial correspondía al Pleno de la Corporación y no a la Presidencia».