La Xunta de Galicia ha acusado al Gobierno central de volver a intentar «reformar el reglamento de costas por la puerta de atrás» para establecer un uso más restrictivo del litoral y de las actividades que pueden desarrollarse en él.

La responsable autonómica ha explicado que hace unos días el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en la página de transparencia, «sin previo aviso ni consulta a las comunidades y sectores afectados», el inicio de la consulta pública previa para modificar el reglamento.

Y lo hizo, según ha denunciado la conselleira, por la vía de urgencia, lo que implica que las instituciones y entidades interesadas solo tienen 15 días, en lugar de un mes, para hacer sus aportaciones y consideraciones a un documento muy genérico, que no detalla qué es exactamente lo que pretende hacer el Gobierno central.

Ángeles Vázquez, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, ha rechazado el que asegura que es el «tercer intento» del Ejecutivo central -tras los frustrados de 2018 y 2024- de modificar la normativa «sin la más mínima transparencia», «con total oscurantismo y sin realizar las correspondientes consultas tanto a las comunidades autónomas como a los sectores que desarrollan su actividad en la costa, como es el marítimo-pesquero en Galicia, vital para la comunidad».

En un acto en Marín (Pontevedra) y acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, la conselleira ha señalado que la obligación del Gobierno gallego es advertir al conjunto de la sociedad de esta cuestión pues los precedentes no son alentadores.

En esta línea, ha criticado «los intentos de, sin base legal, limitar la propiedad privada y la actividad económica e industrial en el litoral, acortar el tiempo de las concesiones (reduciendo los plazos de las prórrogas para que no pudiesen superar los 30 años) y adoptar medidas para eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa».

REFORMA CON TRANSPARENCIA

En este sentido, la conselleira ha sostenido que Galicia está a favor de la modificación de la ley estatal de costas, para adaptarla a las necesidades actuales, pero haciéndolo de forma transparente, con la participación de todos los agentes implicados y buscando en todo momento un equilibrio entre los aspectos medioambientales y socioeconómicos.

La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático ha asegurado que, de confirmarse las sospechas, se trataría de «una nueva deslealtad institucional y otro intento de obstaculizar toda la actividad económica y social que se desarrolla en el litoral». Algo que, según ha aseverado, «Galicia no se puede permitir pues en su costa viven 1,5 millones de personas -en 86 ayuntamientos- y muchas de ellas dependen de actividades vinculadas con ella».

Por eso, Ángeles Vázquez ha apelado a la cadena mar-industria, a los ayuntamientos y a las entidades afectadas a hacer un frente común en la presentación de alegaciones por parte de la Xunta, con el fin de salvaguardar las actividades que se desarrollan vinculadas con el mar.

De hecho, las Consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y de Mar mantendrán el próximo lunes un encuentro con representantes del sector del mar, de las cofradías de pescadores, de los municipios y de otras entidades para exponerles la situación y buscar su apoyo.

DEFENSA DE LOS INTERESES

La conselleira ha incidido, además, en que Galicia cuenta ahora con herramientas para la defensa de sus intereses en este ámbito que antes no tenía, como la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral (Loxilga) y la asunción plena de las competencias en la materia, lo que contribuirá a hacer frente a posibles ataques contra la comunidad.

En esta línea, ha destacado que desde el pasado 1 de julio -fecha de inicio del ejercicio pleno de las competencias sobre la costa- la Xunta avanzó mucho y ya concedió, entre los nuevos expedientes de dominio público marítimo-terrestre y los de servidumbre de protección, un total de 920 autorizaciones, declaraciones responsables, concesiones e informes. Un ritmo, ha dicho, que demuestra que Galicia sabe asumir competencias con eficacia y aportando seguridad jurídica a los administrados.

Precisamente, una de estas autorizaciones es la solicitada por el Ayuntamiento de Marín para reformar el acceso peatonal a la playa de Mogor. El fin último de la actuación en la zona, que visitó la responsable autonómica, es crear un itinerario accesible desde la senda peatonal previa resolviendo el desnivel existente con la creación de una rampa y modificando la escalera que hay en el lugar para integrarla en el itinerario accesible.

La conselleira ha destacado la importancia de que gestione el litoral quien mejor lo conoce y entiende todas las implicaciones que las distintas actuaciones pueden tener. En este sentido, ha puesto en valor el rigor de los técnicos de la Xunta y la voluntad constante de conjugar la protección del medio ambiente con las actividades sociales y económicas.