El jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo, se suma a la lista de personas investigadas en la causa judicial abierta por el accidente de la atracción Saltamontes, que costó la vida a un joven en agosto de 2024.

En este procedimiento están investigados también la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; el perito que revisó la atracción, Antonio L.A., el dueño del Saltamontes, G.M.M.D.S., el presidente de la comisión de fiestas de Matamá, C.G.M., y la propia comisión.

El pasado 3 de febrero comparecían la edila socialista y el alto funcionario de su departamento y, a su salida, uno de los letrados de la acusación (en representación de la pareja del chico fallecido) ya había avanzado que no habían dado «explicaciones claras» y que solicitaría la citación del jefe de la Policía Local para que aclarase, entre otras cuestiones, si los agentes recibieron orden de precintar la atracción, dado que no contaba con autorización municipal.

La jueza del tribunal de instancia, sección penal, plaza 3 de Vigo ha accedido a la petición y ha acordado citar al jefe de la Policía Local en calidad de investigado, «en aras de salvaguardar sus derechos» (si declara como testigo está obligado a decir la verdad, pero como investigado puede mentir, no responder a las preguntas o responder solo al interrogatorio de alguna de las partes). Alberto Carballo ha sido citado para el 26 de febrero.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, en plenas fiestas de la parroquia de Matamá, cuando uno de los brazos del Saltamontes se partió y un chico de 36 años, Iván C.H., se cayó y sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Tras lo ocurrido, se abrió una investigación judicial en el marco de la cual ya han comparecido como investigadas varias personas, entre ellas la concejal viguesa Patricia Rodríguez que, a la salida del juzgado, eludió ofrecer detalles sobre su declaración, pero aseguró que había aportado a la jueza y a la Fiscalía las «oportunas aclaraciones» y garantizó su «colaboración personal y como representante del Ayuntamiento».

En este año y medio de investigación, la jueza requirió diversa documentación y explicaciones al Ayuntamiento, acerca de cuestiones como si adoptó alguna medida para impedir el montaje del Saltamontes, dado que no tenía autorización; si incoó expediente sancionador; si se ordenó a la Policía precintar la atracción; o sobre la existencia o no de un plan municipal de inspecciones para este tipo de eventos.

El gobierno municipal confirmó tras el siniestro que el Saltamontes no tenía autorización porque no había cumplimentado toda la documentación requerida, y que así se le notificó tanto al dueño de la atracción como a la comisión de fiestas.