El Ayuntamiento de Santiago advirtió en 2025 a un total de 123 pisos turísticos de que incumplían la normativa que los regula, de los que al menos 25 de estos siguen inscritos en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT), de carácter autonómico.
«Otros cuatro tienen direcciones muy similares, pero no exactamente iguales y no podemos verificar que sean los mismos», ha explicado el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás. La cifra corresponde con las declaraciones de ineficacia de comunicaciones previas, con las que se advirtió de la imposibilidad de ejercer la actividad y notificó a la Axencia de Turismo de Galicia.
Este es uno de los datos aportados este miércoles por Lestegás, con los que ha querido dar cuenta de los «frutos» dados por el Plan de inspección urbanística puesto en marcha por su departamento, que busca estrechar el control sobre las licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT).
De esta forma, ha echado mano de datos oficiales para certificar una reducción «significativa» del número de pisos de este carácter: el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge la desaparición de 385 pisos entre agosto de 2020 y noviembre de 2025; y el REAT apunta un descenso de 139 en un periodo de dos años, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
En cuanto a actuaciones de reposición de la legalidad urbanística –otro de los mecanismos puestos en marcha por el plan–, se dictaron 40 órdenes de cese definitivo de la actividad de alquiler turístico, de entre los cuales tres pisos siguen inscritos en el REAT. Además, hay tres procedimientos iniciados y en tramitación; todos ellos con medida cautelar de suspensión de actividad.
PISOS ILEGALES SANCIONADOS
Por otra parte, durante 2025, el Ayuntamiento incoó cuatro expedientes sancionadores, de los cuales dos ya están resueltos: uno ha resultado en la imposición de una sanción de 30.050,61 euros y otro, con la imposición de una sanción de 18.030,37 euros.
«Esta es menor porque se aplicó una reducción del 40%, dado que el interesado reconoció voluntariamente la responsabilidad de la infracción, comunicó que procedería al pago voluntario de la sanción y renunció a la presentación de alegaciones y cualquier acción o recurso en vía administrativa», ha explicado.
Además de estas sanciones, el Ayuntamiento también tiene la potestad de imponer multas coercitivas, que se pueden imponer cuando, por ejemplo, la Administración local ordena demoler una obra o cesar su uso y el propietario incumple el plazo marcado. En estos casos, de los que Lestegás no ha dado cifras concretas, las multas pueden ir de 1.000 a 10.000 euros.
PIDE MÁS «PROACTIVIDAD» A LA XUNTA
En otro orden, Lestegás ha pedido más «proactividad» a la Xunta de Galicia en cuanto a la vigilancia sobre las viviendas de uso turístico. «No puede limitarse a dar de baja las que el Ayuntamiento le notifica que no tienen el título habilitante municipal. Tienen que verificar que lo que incluyen en su registro cumple los requisitos que su propio decreto di que tienen que cumplir», ha reclamado concejal.
También ha lamentado la «falta de respuesta» del Gobierno gallego ante una petición de reunión con el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, realizada en octubre de 2024 para hablar del REAT. El edil ha recordado que, días después, dijeron que contactarían en breve para fijar una fecha, que nunca se llegó a poner.
