La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo ha aprobado una batería de propuestas para hacer frente a la crisis habitacional en la Unión Europea, con medidas orientadas a aumentar la oferta, reducir trabas administrativas y garantizar un acceso «digno, sostenible y asequible» a la vivienda en todos los Estados miembro.

Con 23 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, los eurodiputados han dado luz verde esta semana a su informe final, que será sometido al pleno en marzo y busca influir en el plan europeo presentado en diciembre por la Comisión, centrado en movilizar recursos públicos y privados, reforzar el parque social e impulsar la construcción en toda la UE.

«La falta de vivienda es la forma más grave de pobreza y exclusión social», subraya la Eurocámara, que atribuye la crisis a años de construcción insuficiente y a un «persistente desequilibrio» entre oferta y demanda, en un contexto en el que –apunta– los alquileres han aumentado un 28,8 % desde 2010 y los precios de compraventa un 60,5%.

Ante este diagnóstico, el Parlamento plantea como prioridad ampliar el parque residencial y acelerar tanto la construcción como la rehabilitación, apostando por reducir cargas administrativas y fijar un plazo máximo de 60 días para conceder permisos relacionados con proyectos sostenibles y asequibles.

«El informe sitúa la oferta de vivienda en el centro de la respuesta, reconociendo la necesidad de facilitar la construcción de unos 10 millones de viviendas adicionales en toda Europa», ha señalado el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz, principal responsable del texto.

A su juicio, el documento adopta «un enfoque equilibrado» que «refuerza la protección de la propiedad privada, aporta seguridad jurídica y crea el marco adecuado para la inversión», al tiempo que «respeta la diversidad de los sistemas nacionales de vivienda» y contribuye a mejorar la asequibilidad en el conjunto de la Unión.

ASEQUIBILIDAD EN ZONAS TENSIONADAS Y AYUDAS FISCALES

El informe reclama que la futura normativa europea sobre alquileres de corta duración –que el Ejecutivo comunitario presentará este año– encuentre un equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda, garantizando que la expansión de este tipo de arrendamientos no deteriore la asequibilidad en las ciudades más tensionadas.

Asimismo, los eurodiputados piden a los Veintisiete establecer «un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda», con incentivos a la renovación y a la nueva construcción, como la aplicación de tipos superreducidos de IVA, y eliminar barreras para los compradores primerizos y el alquiler de larga duración.

SOBERANÍA INDUSTRIAL Y EMPLEO

El texto plantea reforzar la capacidad industrial de la Unión en el sector de la edificación y la rehabilitación, impulsando el uso de materiales y soluciones innovadoras y sostenibles, fortaleciendo el mercado europeo de materias primas e incorporando requisitos mínimos de origen europeo en los proyectos financiados con fondos de la UE.

Asimismo, los eurodiputados piden que la futura estrategia europea en este ámbito incluya mejoras en las condiciones laborales, con más formación y salarios adecuados, facilite el reconocimiento de cualificaciones profesionales entre Estados y, cuando sea necesario, permita atraer trabajadores cualificados de terceros países para cubrir la falta de mano de obra.

Por su parte, el grupo socialista, que también ha respaldado la iniciativa, ha celebrado que el informe incorpore avances como el refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza y medidas para combatir la especulación y mejorar la transparencia.

Sin embargo, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) ha advertido de que el texto está «lejos» de ser el resultado que les gustaría y ha lamentado que la negociación haya estado marcada, a su juicio, por «un enfoque excesivamente orientado al mercado».

Con todo, ha justificado el apoyo socialista porque «la gente espera que Europa actúe», aunque ha subrayado que su respaldo «no es un cheque en blanco» y que seguirán defendiendo una política de vivienda «centrada en las personas».

EN GALICIA

En Galicia, la Xunta, que tiene el objetivo de duplicar el parque público de en torno a 4.000 a 8.000 viviendas protegidas durante esta legislatura, acaba de anunciar la licitación de 55 proyectos en 2026 para construir 2.688 viviendas por casi 500 millones de euros.

Por su parte, el BNG acusa a la Xunta de «reventar los estándares de calidad» en materia de vivienda para «favorecer la especulación» y propone, frente a esto, un plan con ayudas como la declaración de zona tensionada de todos los municipios de más de 10.000 habitantes donde el precio del alquiler se incrementara más del 20% en cinco años e impulsar un programa de compra pública de vivienda construida para destinarla al alquiler. Por su parte, el PSdeG critica la falta de ejecución de fondos en este ámbito y sostiene que la actual crisis no puede solucionarse con «parches».