La magistrada María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño –Ourense–, 1963) ha sido reelegida por el pleno del Parlamento de Galicia como Valedora do Pobo, un cargo que ocupa desde el año 2019, en funciones desde agosto de 2024 hasta ahora, y en el que seguirá otros cinco años si culmina el nuevo mandato.

Tras ser respaldada su candidatura en la Comisión de Peticións de la Cámara el pasado mes de enero, el pleno del Parlamento, en el que han estado ausentes varios diputados, entre ellos los dos que tuvieron un accidente de tráfico hace dos semanas, ha acogido este martes la votación en urna para ratificar la elección de Fernández Galiño.

Su propuesta llega a raíz de un acuerdo entre los dos principales grupos del hemiciclo, populares y nacionalistas –que ahora se encargarán de proponer a la persona que la acompañe como adjunta–, y la coyuntura se ha evidenciado en los 61 votos a favor que ha recibido Fernández Galiño, además de otros 9 en blanco.

En concreto, populares y nacionalistas han avalado su reelección, al igual que el diputado de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, según él mismo ha ratificado a Europa Press. Los socialistas, fuera del acuerdo alcanzado por PP y BNG, y pese a que en la Comisión de Peticións apoyaron por «respeto institucional» que la candidatura de Fernández Galiño fuese a pleno, han optado por votar en blanco.

Los 61 votos a favor han sido suficientes para la ratificación de la candidatura de Fernández Galiño (su elección como alta comisionada del Parlamento requiere el apoyo de al menos 45 de los 75 diputados del hemiciclo gallego), que siguió el proceso de voto en urna desde la tribuna de invitados y saludó tras su elección.

MISMOS IDEALES QUE EN 2019

En su comparecencia en la Comisión de Peticiones el pasado mes de enero, Fernández Galiño aseguró que optaba a continuar como Valedora con los mismos ideales que a su llegada al cargo 2019 y con el compromiso de continuar trabajando para profundizar en el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía gallega.

Además de reivindicar su independencia, ha resaltado algunos de sus compromisos, como la promoción de la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la prevención y la erradicación del acoso, la lucha contra la trata y otras formas de explotación humanas, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional, la erradicación de cualquier forma de discriminación, así como el apoyo a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Además, citó la defensa y la promoción de los derechos digitales, el derecho a las instituciones sólidas y la protección del medioambiente. «En todos años, como valedora do Pobo, apliqué estos principios en un contexto algunas veces muy difícil y extremo», ejemplificó, en un escenario en el que citó la pandemia, la invasión de Ucrania o la guerra de Gaza.

Además, puso en valor el incremento de la actividad en la institución con quejas al alza en cada ejercicio. El último informe presentado refleja que sanidad y servicios sociales mantienen un peso fundamental en las preocupaciones de la ciudadanía gallega.

Más complicada era la coyuntura en la que accedió al cargo por primera vez en 2019, cuando sustituyó a Milagros Otero, quien había renunciado unos meses después de una polémica a raíz de la designación dentro de la institución de una funcionaria hermana de Pedro Puy, entonces portavoz popular en la Cámara gallega y sobrina del expresidente Manuel Fraga.