La Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) defiende la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social, ya que busca «delimitar qué entidades forman parte de la economía social, de acuerdo con los principios que la definen».

El pasado miércoles, la Asociación para a Promoción de Actividades de Integración Social en Centros Especiais de Emprego de Galicia (Aspais) advirtió de que el proyecto de esta ley, aprobado en el Congreso y que ahora irá al Senado, «elimina a más de la mitad de los centros especiales de empleo de Galicia y pone en riesgo a más de 2.000 personas trabajadoras con discapacidad».

Sin embargo, este viernes, el presidente de Cegasal, Mino Martínez, considera necesario «introducir rigor y claridad en el debate público, evitando interpretaciones interesadas que no se corresponden con el contenido real del texto legal ni con los datos oficiales».

Por un lado, Cegasal sostiene que se trasladan «datos incorrectos» sobre el empleo en los centros especiales de empleo. «Los centros especiales de empleo mercantiles no emplean a 2.000 personas en Galicia. Según datos oficiales de la Xunta de Galicia, estos centros cuentan con aproximadamente 1.400 personas trabajadoras, mientras que los centros especiales de empleo de iniciativa social, es decir, que no tienen ánimo de lucro, emplean en torno a 2.900 personas trabajadoras con discapacidad en la comunidad», expone.

En segundo lugar, la asociación ve incorrecto afirmar que el proyecto de ley vaya a provocar la desaparición de centros especiales de empleo o la destrucción de puestos de trabajo. «La norma no modifica la regulación vigente ni de los centros de iniciativa social ni de los centros de iniciativa empresarial, por lo que ningún centro ve comprometida su continuidad ni el empleo que genera», ha explicado.

De tal forma, valora que la norma delimita a las entidades que forman parte de la economía social. «En ese marco se reconoce el modelo de los centros especiales de empleo de iniciativa social, caracterizados por la ausencia de ánimo de lucro y la reinversión íntegra de los recursos en la creación de empleo y en los apoyos a las personas con discapacidad. Este reconocimiento no implica la eliminación ni la prohibición de otros modelos empresariales», ha puntualizado.