Decenas de personas se han concentrado en la mañana de este jueves en Vigo tras la sanción a una empleada de una escuela infantil pública de la Xunta de Galicia por informar a una madre de una presunta mala praxis llevada a cabo, supuestamente, por una educadora del centro.

La protesta se llevó a cabo ante las instalaciones de la Escuela Infantil Rosalía de Castro, ubicada en el barrio de Coia, después de que el Gobierno gallego abriese expediente a una trabajadora del centro por avisar a la madre de una alumna sobre un supuesto caso de acoso, ocurrido en marzo del año pasado.

Según relató a Europa Press la propia amonestada, Eva Pallas, ella se enteró de lo sucedido a través de otra trabajadora, que le contó que había visto un caso de mala praxis de una educadora hacia una niña.

A la salida del centro, la madre de dicha alumna presuntamente acosada le preguntó directamente si había ocurrido algo, al notar a su hija nerviosa. Por ello, ella le contó lo que sabía y avisaron también a la directora del centro.

En concreto, tal como ha explicado el secretario xeral de la organización sindical CUT, Ricardo Castro, una de las educadoras del centro habría encerrado a la niña en el baño para tratar de que dejase de llorar.

EXPEDIENTE

Después de lo ocurrido, tuvieron que pasar varios meses hasta que, por sorpresa, la trabajadora recibió una notificación de que se le había abierto un expediente sancionador a ella por haber contado a la madre lo ocurrido en el centro.

En principio, tal como explicaron ambos, se le acusaba por no cumplir el protocolo para estos casos. «Al percatarse de que no existía protocolo, dijeron que la sanción era por saltarse el deber de confidencialidad», añadieron, alegando los dos que es deber del empleado público informar a las familias si se es preguntado directamente, como fue el caso.

Tanto ella como el sindicato consideran esta situación una «clara práctica de coacción y advertencia» para quien intente «cumplir honestamente con el servicio público», lamentando que sea ella la amonestada pese a haber sido la que alertó de los hechos. Además, se desconoce si la educadora, que ya no trabaja en el centro, sufrió alguna represalia.

Por todo ello, han solicitado a la Xunta protocolos de actuación ante situaciones similares y la revocación de la sanción a esta trabajadora, que finalmente quedó en una amonestación leve por escrito.