Los gerentes acusados por la caída de un operario mientras realizaba labores de mantenimiento de un elevador de la compañía que gestiona el tráfico de contenedores del Puerto de Vigo, Termavi, han confrontado este jueves sobre a quién le correspondía mantener la seguridad del foso de dicho ascensor, donde se produjo el siniestro.

En concreto, se trata del gerente de la propia Termavi y del administrador de la subcontrata encargada para el mantenimiento del ascensor ubicado en una grúa (llamada TKE), en el cual se desarrolló el accidente en julio de 2021.

Para cada uno de ellos, Fiscalía pide 2 años y 3 meses de prisión como supuestos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones imprudentes, al no cerciorarse de garantizar la seguridad de los operarios.

Durante la vista de esta mañana, celebrada en la plaza 3 de la sección penal de los Tribunales de Instancia de Vigo (nueva denominación para el Juzgado de lo Penal número 3), el gerente de Termavi reivindicó la importancia de la seguridad para su empresa, por lo cual dispone de varias compañías externas que se dedican a realizar las labores de mantenimiento necesarias.

El procesado destacó que el contrato con la empresa TKE fue firmado antes de llegar él a la compañía, subrayando que consideraba que todas las partes de la estructura estaban siendo comprobadas por seguridad.

Por su parte, el gerente de la firma de mantenimiento del ascensor (era en esta compañía en la que trabajaba el operario herido) subrayó que su responsabilidad era comprobar el funcionamiento del elevador, no del foso del mismo. Cabe recordar que este foso estaba a 5 metros de altura sobre una base de trámex, que se vino abajo, provocando que el operario se precipitase.

Este acusado insistió en comparar este ascensor con el de un edificio, indicando que al realizar mantenimientos de elevadores en comunidades de vecinos no comprueban si la estructura del inmueble está correcta o si el foso puede venirse abajo. Para él, era «imprevisible» que se cayese el entramado de trámex que constituía el suelo del foso.

Pese a todo, en sus conclusiones, el Ministerio Público apuntó hacia la responsabilidad de ambos por garantizar la seguridad de sus operarios.

HECHOS

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en julio de 2021, cuando el trabajador fue enviado a realizar labores de mantenimiento en un elevador de una de las grúas de la compañía Terminales Marítimas de Vigo (Termavi). Estos trabajos habían sido subcontratados a una empresa especializada, TKE.

«Tras realizar su tarea y cuando se encontraba sobre el suelo de trámex del foso del aparato elevador, la rejilla que lo conforma se vino abajo por holgura y ausencia de elementos seguros de fijación del entramado, provocando que el trabajador se precipitara desde una altura de 5 metros impactando contra el suelo», explica el Ministerio público.

De esta manera, el hombre sufrió varias lesiones en la espalda y en la mano, quedando como secuelas estrés postraumático leve, agravación de artrosis previa y una cicatriz de tres centímetros en la palma de la mano.

Fiscalía indica que Termavi tenía contratada el mantenimiento de la grúa a una firma externa, así como el mantenimiento del elevador de la misma a otra empresa. Sin embargo, ninguna de estas dos era responsable de verificar el estado del suelo del foso del aparato elevador, donde cayó el varón.

«El entramado metálico bajo el aparato elevador de la grúa nº5, situado a una altura de 5 metros, no era verificado ni comprobado ni por la empresa titular del equipo de trabajo, que había contratado a terceros el mantenimiento, ni por la empresa que tenía encomendado el mantenimiento de la grúa, ni por la empresa que tenía encomendado el mantenimiento del aparato elevador», recoge Fiscalía.

Por ello, pide 2 años y 3 meses de prisión para los dos responsables de las empresas, tanto de Termavi como del reparador de ascensores, como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones imprudentes, al no cerciorarse de garantizar la seguridad de los operarios.

Además, cada uno de ellos tendrán que pagar una multa de 8.250 euros y una indemnización conjunta al trabajador de casi 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil.